Los psicólogos de Interior desatendieron a las cinco mossas acosadas

La Conselleria de Interior ha optado por buscar apoyo psicológico fuera del Departamento para evitar influencias sobre las víctimas del médico que abusó de ellas. Desde la consejería, ahora liderada por Joan Ignasi Elena, se han visto obligados a externalizar los servicios de atención psicológica a las mujeres que denunciaron presuntos abusos sexuales por parte de uno de sus facultativos para garantizar un correcto acompañamiento. Y es que se considera que los facultativos de la consejería desatendieron a las víctimas. 

Así lo han confirmado fuentes cercanas a Interior, que explican que la primera intervención con las denunciantes la realizaron los psicólogos del servicio de vigilancia de salud laboral, compañeros del investigado. “Cuando las mujeres trasladaron su descontento con el personal de la Conselleria de Interior, se decidió externalizar los servicios para que no existiera ningún vínculo personal” entre los terapeutas y el investigado. 

"¿Estás segura?"

Las mismas voces aseguran a Crónica Global que algunos de los profesionales intentaron que el escándalo no trascendiera. De hecho, una de las propias víctimas así lo hizo saber en sus primeras declaraciones en TV3, cuando explicó haber recibido una llamada por parte de la jefa de psicología del Departamento de Interior diciendo que estudiarían el caso, pero le pidió comprensión: “Tienes que entender que es un compañero de trabajo”. 

La mossa relató que llegaron a plantearles preguntas a las víctimas como “¿estás segura?” y a cuestionar su versión con respuestas como “es una acusación muy grave”. 

Los Mossos d'Esquadra detienen a un médico de la Conselleria de Interior por abusar de tres mujeres / MOSSOS

Sàmper dice que desconocía el caso

Después de que dos agentes más presentaran sendas denuncias esta misma semana, las víctimas de los presuntos abusos sexuales por parte de este médico se han elevado a cinco. En total, se trata de cinco agentes de los Mossos d’Esquadra que acudieron a su consulta a finales de 2019. 

Lo acusan de pedirles que se desnudaran completamente. A una de ellas llegó a solicitarle realizar una exploración ginecológica, a pesar de que la mossa le manifestó que estaba al día con sus revisiones. Este caso podría tipificarse, por su gravedad, como un delito de acceso carnal, confirman fuentes conocedoras del caso. No obstante, aunque la primera denuncia se presentó en febrero de 2020 --cuando Miquel Buch era conseller-- desde Interior no se tomó ninguna medida para frenarlo. Tampoco se hizo en la época de Miquel Sàmper, que aseguró en una entrevista en Planta Baixa que no estaba al corriente de los abusos. “No me enteré en los nueve meses que fui conseller de Interior”, ha expresado. Todo ello, a pesar de que los consejeros se reúnen de forma semanal con el cuerpo de la policía autonómica para hablar de las investigaciones en marcha. 

Apartado del cargo 11 meses más tarde

En una comparecencia este jueves entre Interior y los sindicatos, el Secretario General Oriol Amorós ha reconocido que tuvieron conocimiento de estos delitos en junio de 2021 pero no se tomaron medidas hasta noviembre de ese mismo año, cuatro meses después, cuando se incoó un expediente disciplinario al facultativo. No obstante, aunque en enero de 2022 Interior tuvo conocimiento de otro caso a través del buzón que habilitaron con este fin, no fue hasta el 8 de abril de 2022 cuando solicitaron que las consultas se hicieran con cita previa para tener un registro de las pacientes y trasladar su despacho al lado del de la subdirectora general de Riesgos Laborales.

No se expedientó de empleo y sueldo al médico denunciado hasta el 9 mayo de 2022, cuando se le apartó definitivamente de su cargo. Según el sindicato Uspac, “porque Interior sabía que el escándalo saltaría a la prensa”. En total, desde que la consejería tuvo conocimiento de estos hechos hasta que el médico dejó de tener contacto con pacientes mujeres, pasaron 11 meses. 

El secretario general de Interior, Oriol Amorós / EUROPA PRESS

Entre cuatro y diez años de cárcel

Los sindicatos han estallado contra Interior porque, pese a tener conocimiento de que el médico estaba imputado desde junio de 2021, no reaccionaron hasta mayo de 2022 --cuando adoptaron como medida cautelar la suspensión de empleo y sueldo-- aunque “sin poder garantizar que durante este tiempo abusara de más mujeres”, ha confesado este jueves Amorós. El departamento se defienden con el argumento de que a medida que salieron más casos y que había reiteración, se tomaron cartas en el asunto. 

Por su parte, el médico --un hombre de 60 años que trabaja para Interior desde 2017-- ha presentado un recurso laboral que no se descarta que gane. No había sido condenado cuando se le apartó de su puesto de trabajo, sin sueldo y sin derecho a paro. Aunque consiguiese la readmisión en los tribunales, fuentes jurídicas apuntan que las previsiones para él no son buenas. Solo por uno de los presuntos delitos que habría cometido podría enfrentarse a una pena de entre cuatro y diez años de prisión. 

Exigen la dimisión de Oriol Amorós

Para los sindicatos, el cese del facultativo ha llegado demasiado tarde. Aseguran que ni Miquel Sàmper, ni Miquel Buch ni, ahora, Elena, actuaron con la suficiente celeridad para proteger a las víctimas y señalan como máximo responsable al Secretario General, Oriol Amorós. Desde Uspac solicitan su inmediata dimisión “por inacción e inoperancia” y, en caso de no hacerlo, instan al president de la Generalitat a que lo cese. 

Por el momento, Interior --que se ha propuesto como objetivo feminizar el cuerpo de Mossos d’Esquadra-- continúa con la revisión del protocolo contra las violencias sexuales e investigan si hay más víctimas en el cuerpo de seguridad catalán. Además, han ofrecido apoyo jurídico y psicológico con expertos en abusos sexuales a todas las que denuncien. Eso sí, con profesionales externos.