Vox, Cs y PP recurren el decreto del Govern sobre el catalán en la escuela por su ilegalidad

Vox, Ciutadans (Cs) y PP han recurrido ante el Consejo de Garantías Estatutarias el decreto ley del catalán en las escuelas por "vulnerar" la Constitución, el Estatut catalán y la sentencia del TSJC, ya que a juicio de esos tres partidos no se garantiza la "vehicularidad" del castellano.

El lunes, cuando faltaba un día para que expirase el plazo dado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) para aplicar la sentencia que establece que al menos un 25% de las clases deben impartirse en castellano en el sistema educativo de la Generalitat, el Govern aprobó un decreto ley que "inaplica" los porcentajes ordenados por la justicia y traslada la responsabilidad de los proyectos lingüísticos a la Consejería de Educación, para tratar de eludir la responsabilidad de los directores de las escuelas.

Piden dictamen al Consejo de Garantías Estatutarias

Ante ese decreto aprobado por el Govern secesionista catalán, Vox, Cs y PP han registrado una petición de dictamen ante el Consejo de Garantías Estatutarias, un órgano consultivo de la propia Generalitat.

La Mesa del Parlament, en una reunión extraordinaria este martes que ha durado apenas cinco minutos, ha admitido a trámite el escrito de los tres partidos, un documento en el que avisan de que "la interpretación que se hace en el decreto ley sobre la no vehicularidad del castellano es manifiesta e injustificadamente contraria a lo resuelto por el Tribunal Constitucional".

"Grave, injusta y arbitraria ilegalidad"

El escrito, al que ha tenido acceso EFE, alerta de la "grave, injusta y arbitraria ilegalidad en que incurren todas las resoluciones dictadas hasta el momento por el Departamento de Educación y los diferentes intentos de iniciativas legislativas, como el decreto, orientadas a evitar el 25% de castellano en los centros".

Los tres partidos consideran que la "expresa y torticera ambigüedad" con la que el decreto reconoce como lengua vehicular "únicamente" al catalán choca con lo resuelto por el TC y supone una "discriminación" con respecto al castellano.

"Prevaricadoras instrucciones"

Además, recuerdan que la sentencia del TSJC deja clara de forma "indiscutible" el "deber de garantizar la enseñanza sostenida con fondos públicos por las autoridades públicas de la Generalitat con vehicularidad del castellano, al menos, en un 25% de las asignaturas".

La petición de dictamen critica que el decreto aprobado por el Govern "no deja de ser la elevación a norma legal de las prevaricadoras instrucciones remitidas a los centros educativos" por parte del Ejecutivo catalán.

Esta petición se suma a la ya presentada en relación a la proposición de ley aprobada en el Parlamento catalán, con apoyo de ERC, JxCat, PSC-Units y comunes sobre el modelo lingüístico en las escuelas catalanas, y que se encuentra paralizado a la espera del dictamen correspondiente del Consejo de Garantías.