El Govern desoye a los tribunales en la nueva ley lingüística: "Nada de porcentajes"

El Govern desoye al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) en la nueva ley lingüística. La normativa esquivará la sentencia que fija en un 25% las horas lectivas en castellano, ya que omite cualquier porcentaje en los idiomas de aprendizaje, pese a que la resolución judicial es clara. De hecho, la portavoz de la Generalitat, Patrícia Plaja, ha argumentado que los proyectos lingüísticos de cada centro educativo no tendrán en cuenta "parámetros numéricos ni porcentajes". 

Así lo ha manifestado tras una reunión extraordinaria del Govern sobre este asunto, un día antes de que se cumpla el límite que dio el TSJC a la Generalitat para aplicar el 25% de castellano en las aulas catalanas. Como respuesta a esa sentencia, la Generalitat ha impulsado un decreto ley que "ayudará a proteger a las direcciones de los colegios y a proteger el modelo de escuela catalana", que considera un "éxito", en sus palabras.

Fuera de plazo

Por si fuera poco, el Ejecutivo da un periodo de seis meses a los centros para adecuar los proyectos lingüísticos a la nueva normativa; es decir, tampoco cumplirá el plazo fijado por el TSJC para ello, que termina este 31 de mayo.

"El Govern tiene que garantizar que las interferencias judiciales motivadas por persecuciones ideológicas no afecten al buen funcionamiento de la enseñanza y no afecten al modelo de escuela catalana", ha añadido. Asimismo, ha asegurado --sin ningún informe que lo sustente-- que ni los partidos, ni la sociedad ni los padres y madres están de acuerdo con que sean los tribunales los que fijen las normas educativas.

Manifestación contra el fallo del TSJC del castellano en las escuelas / EP

"Criterios lingüísticos y pedagógicos"

En este sentido, la nueva norma no contempla porcentajes --como sí ordenan los tribunales--, sino que está basada en "criterios lingüísticos y pedagógicos". El Departamento de Educación enviará en las próximas horas las instrucciones a las direcciones de los centros sobre el procedimiento a seguir para "revisar" y modificar los proyectos lingüísticos. El objetivo es que estén a punto de cara al próximo curso 2022-23. "La voluntad es que dentro de los próximos seis meses todos los centros tengan validados estos proyectos" para poder aplicarlos el próximo año. 

Plaja ha asegurado que la Generalitat lleva "trabajando desde el primer momento" para dar una respuesta clara a la sentencia del TSJC. Y lo hará sin porcentajes, en función de las necesidades de los alumnos y de la realidad sociocultural de cada escuela. Con ello, desde el Ejecutivo autonómico garantizan que "todos los alumnos dominarán el catalán y el castellano" cuando terminen su formación. 

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray / TONI ALBIR - EFE

Cambray validará los proyectos lingüísticos

Este nuevo marco normativo fija "los límites" de la escuela catalana y será la Conselleria de Educación, liderada por Josep Gonzàlez-Cambray, quien dé el visto bueno a los proyectos lingüísticos. "Será el departamento quien validará que se ajustan a la legalidad, a este marco normativo y a la realidad sociolingüística, sin perder nunca de vista ni obviar que se da respuesta a las necesidades de los estudiantes", ha añadido.