El Govern manda a las escuelas un simple formulario para validar sus proyectos lingüísticos

Los centros educativos catalanes disponen de tiempo hasta el próximo 30 de junio para revisar y remitir sus proyectos lingüísticos al Govern, que verificará si se ajustan a la nueva normativa que se tramita en el Parlament y que fue aprobada por PSC, ERC, JxCat y Comunes. Los directores de escuelas e institutos han recibido esta mañana las instrucciones pertinentes para “revisar” y modificar las iniciativas de cada escuela e instituto.

El departamento de Educación, encabezado por Josep González-Cambray (ERC), ha planteado un cuestionario de siete preguntas con respuestas binarias para comprobar si los proyectos lingüísticos que ya están vigentes se adecúa a la nueva normativa. Si todas las respuestas son positivas, la Generalitat da por validada la iniciativa de ese centro, que no deberá tocar nada de su funcionamiento interno. En caso de haber respuestas negativas, éste tendrá que ser modificado, revisado y, por último, validado por la consejería.

Responsabilidad de Cambray

Cambray da un paso adelante y anuncia que el “departamento de Educación asume la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos que valida”, un anuncio que da tranquilidad a los directores de centros críticos con el plan del Govern. Y es que los equilibrios políticos de los republicanos para que, como mínimo, JxCat no se desmarcase de la nueva ley lingüística que reconoce al castellano como lengua de aprendizaje (o curricular) han implicado aprobar un decreto ley que indica que no se aplicarán porcentajes de lenguas en las aulas.

El consejero de Educación de la Generalitat, Josep Gonzàlez-Cambray / TONI ALBIR - EFE

La comunidad educativa, algunos a favor y otros en contra, ya han advertido que eso implica desobedecer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que exige un mínimo del 25% de castellano. Como mínimo, en el momento actual. El tribunal no ha validado el plan de la Generalitat para sortearla con una nueva ley de educación que reclama que al final de la formación obligatoria los alumnos catalanes tengan pleno dominio oral y escrito del catalán y el castellano y que exige tener en cuenta la “realidad sociolingüística” del entorno escolar. Es decir, flexibiliza sobre el papel la inmersión para reforzar el castellano en las zonas de dominio del catalán y viceversa.

Decreto ley para sortear al TSJC

Con todo, el decreto del Govern deja este último punto en el aire. Cambray manda de este modo un mensaje de tranquilidad a la comunidad educativa y manifiesta de forma abierta que asume la responsabilidad legal de los proyectos que no se adecúan a lo que reclama el TSJC.

Cabe tener en cuenta que la portavoz del Ejecutivo, Patricia Plaja, ya dejó claro este lunes que el decreto ley aprobado tiene como objetivo último esquivar la orden judicial cuyo plazo de cumplimiento termina hoy. Está por ver la validez del TSJC a esta nueva norma que omite cualquier parámetro numérico ni porcentaje en el uso y aprendizaje de la lengua castellana que deberá dar el propio tribunal.

Plan para “normalizar” el uso del catalán

Las direcciones de los centros disponen de todo junio para rellenar este corto cuestionario para comprobar si sus proyectos lingüísticos son aptos y cumplen los requisitos de este nuevo decreto ley. Si no lo hacen, fuentes de Educación apuntan a que deberán revisarlo y adaptarlo durante el próximo curso escolar.

Una docente imparte clase, donde los partidos con presencia en el Parlament intentan llegar a un pacto sobre el catalán / EP

Todo ello, en un marco temporal en el que Educación anuncia que está en pleno proceso de desarrollo de “un plan de impulso de promoción del uso de la lengua catalana en los centros educativos” con el objetivo de “incrementar y normalizar su uso”. Es decir, un nuevo mazazo a la nueva ley que aún no ha completada el trámite parlamentario y que espera la validación del Consejo de Garantías Estatutarias.

Rechazo de los sindicatos

A la práctica, esta normativa no supone un gran cambio. Así lo reconocen fuentes sindicales, que tildan de “tomadura de pelo” la iniciativa. Consideran que es una mera “triquiñuela” del consejero de Educación para “escurrir el bulto” y no aplicar los porcentajes que obliga la sentencia del TSJC.

La incógnita persiste en aquellos centros que, por orden del tribunal, ya aplican el 25 % de castellano en algunas aulas. Fuentes del departamento han avanzado que estudian personarse en cada uno de estos casos para instarles a cumplir el nuevo decreto, ya publicado en el DOGC.

Nuevo dilema para los docentes

Lejos de ser una forma de “salir de este callejón sin salida”, tal y como apuntó la portavoz del Govern Patricia Plaja, se trata de un “nuevo dilema” para los docentes. Sus representantes apuntan a que se les “vuelve a poner entre la espada o la pared”.

 “¿A quién se debe hacer caso, al decreto de la Generalitat o al del TSJC? Cojan el camino que cojan, es arriesgado”, sentencian las mismas fuentes sindicales. Cambray se topa de nuevo con una comunidad educativa que ha perdido la confianza con el Govern y rechaza sus iniciativas. Todo ello, en el marco de un conflicto laboral que aún no se ha resuelto.