El Govern consigue poner de acuerdo a los docentes en contra de la ley lingüística

El Govern ha conseguido poner de acuerdo a toda la comunidad educativa en contra de la nueva política lingüística. Los unos, por considerarla "insuficiente" hacia lo que creen que debería ser el modelo de "escuela catalana"; y los otros por verla como una nueva "triquiñuela" del Departamento de Educación. Este martes las direcciones de los centros educativos recibirán las instrucciones sobre los pasos a seguir para "revisar" y modificar sus proyectos lingüísticos. En el documento se obvian los porcentajes y sólo se tienen en cuenta criterios "pedagógicos". "No se tendrán en cuenta ni parámetros numéricos ni porcentajes", explicó la portavoz del Ejecutivo autonómico, Patrícia Plaja. 

Unos criterios que van en contra de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí establece que un minimo de 25% de las horas lectivas deben impartirse en castellano a partir de este mismo miércoles, una vez finalizado el plazo para acatar la resolución. Con este nuevo decreto --ya publicado en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC)-- el Govern quiere esquivar la orden judicial y "proteger a las direcciones de los colegios y el modelo de escuela catalana", según apuntó Plaja.

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, en rueda de prensa

El catalán, en "alerta roja"

Desde Ustec, Iolanda Segura rechaza este decreto porque no defiende la inmersión lingüística. De hecho, considera que supone "un perjuicio para la lengua catalana --que es la que se tiene que proteger en el sistema educativo--", ya que da entrada a la vehicularidad también del castellano. Asimismo, avisa al conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, de que esta normativa no parará la "ofensiva judicial". "La sentencia del 25% se tendrá que acatar igualmente", ha manifestado, por lo que insta a la consejería a ser "valiente" y a desobedecer. "Para eso, mejor no hacer nada. Seguiremos en la misma línea de protesta exigiendo que la sentencia no se acate". 

Con este nuevo modelo, y a pesar de no marcar porcentajes, la Generalitat dice garantizar que los alumnos dominarán el catalán y el castellano cuando terminen su formación obligatoria, ya que el proyecto lingüístico del centro se adaptará a la realidad sociocultural de cada zona. Sin embargo, para Segura este hecho también pone en "alerta roja" el uso del catalán. Por eso, defiende que los proyectos lingüísticos sean los mismos en todos los colegios para "no generar una segregación por razón de lengua". "Con un marco tan abierto y tan ambiguo, y dejándolo a merced de cada zona, generará mucha desigualdad", avisa. 

"Una tomadura de pelo"

Por el contrario, fuentes de UGT ven el nuevo decreto del Govern como una "tomadura de pelo" que, en la práctica, no cambia nada. Pero sí genera un dilema de cara a los profesores, que deberán decidir si acatan la orden del TSJC de impartir el 25% mínimo de castellano o la de la Generalitat. "Cojan el camino que cojan corren un riesgo: desatender al departamento implica ser penalizado y desatender al TSJC implica estar expuesto a una sanción", apuntan en declaraciones a Crónica Global.

Un piquete en la UB durante la huelga contra la sentencia del 25% en castellano en las aulas / EUROPA PRESS

Asimismo, vaticinan que para los tribunales esta norma no será suficiente, por lo que "seguiremos estando en un callejón sin salida" mientras se sigue poniendo "en peligro la independencia del profesorado". Por su parte, desde Profesores de Secundaria también exigen al conseller que sea él quien "dé la cara" ante el tribunal y no ponga entre la espada y la pared a los docentes. "Aquí el tema es si este decreto se ajusta a la sentencia judicial o no. Si no se ajusta, con quien se tendrá que entender Cambray es con el TSJC". 

Así pues, en unas horas las direcciones de los centros recibirán las instrucciones sobre los pasos a seguir para adaptar, si es necesario, sus proyectos lingüísticos al nuevo decreto aprobado por el Govern. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña deberá pronunciarse sobre si le parece que éste da respuesta a la orden de aplicar el 25% de castellano en las aulas a partir del próximo miércoles, una vez finalizada la fecha límite.