Prorrogan la instrucción del caso que salpica al dueño de Amnesia
Amplían el plazo del procedimiento 'Marina Besòs', que afecta a dos exalcaldes de Sant Adrià y a Martín Ferrer, 'rey de la noche' española
20 febrero, 2022 00:00El juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha prorrogado la instrucción del caso Marina Besòs, que salpica a dos exalcaldes de Sant Adrià de Besòs y a Martín Ferrer, dueño de Grupo Amnesia, y ha reforzado la sala ante el ingente volumen de trabajo.
Según un auto reciente al que ha podido acceder este medio, el juzgado acuerda una prórroga de la instrucción de seis meses hasta finalizar el trabajo. La resolución la firma el juez de refuerzo de la sala, que recientemente ha tomado posesión por la elevada carga de trabajo de la sede policial. En paralelo a ello y en el carril de la acusación, Crónica Global ha podido saber que la delegación de la Fiscalía Anticorrupción ha tomado las riendas el caso.
Dos exalcaldes
El lance judicial añade tiempo extra en el calendario de un caso judicial que ha quedado tapado por la intensa agenda política y judicial en la que se ha sumido Cataluña en los últimos años. Sea como fuere, el procedimiento tiene entidad, por cuanto están imputados en el mismo los exalcaldes de Sant Adrià de Besòs Jesús Canga y Joan Callau.
También importante es la condición como investigado de Martín Ferrer, dueño de Grupo Amnesia y considerado uno de los reyes de la noche en España. De hecho, las sospechas de corrupción, que se tendrán que probar en sede judicial, no han sido óbice para que Ferrer siga pergeñado proyectos en Cataluña, el último el mejor beach club de la región en zona protegida en Sitges (Barcelona), como explicó este medio.
Reconversión en discoteca
Sea como fuere, lo que se investiga en el caso Marina Besòs es si la reconversión de las antiguas piscinas de Sant Adrià en una discoteca fue ajustada a derecho o no. El juez busca saber si la transformación de la zona de aguas --ahora abandonada-- era compatible con un terreno de titularidad pública, pues la parcela era propiedad del Consejo Comarcal del Barcelonès, ahora integrado en el Área Metropolitana de Barcelona y en proceso de extinción.
El togado quiere dilucidar si la concesión se dio sin los permisos urbanísticos y ambientales preceptivos para abrir el club. También se trata de saber si el Consejo Comarcal y el Ayuntamiento de Sant Adrià maniobraron para arrebatar las piscinas al entonces concesionario y se las entregaron a una sociedad vinculada a Ferrer.
Frontera norte de Barcelona
Lo que subyace al complejo caso Marina Besòs, que ya cuenta con 18 imputados y 30 tomos de documentación, es el primer intento de transformación de la frontera norte de Barcelona. Los políticos del momento, también el expresidente catalán Jordi Pujol, confiaron el desarrollo de la zona a Martín Ferrer en forma de una macrodiscoteca en el Port Fòrum, primero, y de una segunda sala de noche en las antiguas piscinas, después.
A la zona llegaron celebrities como Paris Hilton y el arquitecto francés Jean Nouvel para bendecir el proyecto, pero el primero, la inversión de 30 millones para abrir la Amnesia más grande del mundo, jamás ocurrió. La comercializadora del Port Fòrum acabó concursada y en las manos de Solvia. Después, los locales pasaron a Cerberus, como explicó este medio.
¿Hubo trato de favor?
Por su parte, Martín Ferrer, tras el fracaso de la macrodiscoteca en el Port Fòrum, se reubicó en las piscinas. Buscaba resguardo por el cierre de otra discoteca: L'Atlàntida Sitges, que fue clausurada en 2014 tras múltiples quejas por ruido y procesos judiciales. No obstante, hay indicios según Fiscalía --que se deberán probar-- de que el Ayuntamiento de Sant Adrià facilitó la reconversión del espacio.
El juez quiere saber si hay mimbres para acusar a 18 personas por delitos como prevaricación administrativa, prevaricación urbanística y tráfico de influencias. Están acusados, entre otros, Canga y Callau; Jaume Vendrell, gerente del Consejo Comarcal del Barcelonès, y Marta Gibert, ex secretaria general de la misma institución supramunicipal. La instrucción continúa, al menos para seis meses más.