'Caso Sant Adrià': los empresarios hablaban en clave con los ediles sobre Marina-Besòs

El pasado día 20 de abril, agentes de la División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra de Granollers presentaron un informe en el juzgado de instrucción número 2 de Badalona en el que hacían constar que entre los responsables del Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs y los directivos de las empresas promotoras del proyecto Marina-Besòs se habían intercambiado numerosos mensajes "sospechosos" en clave.

Los Mossos han analizado toda la información informática y en soporte electrónico incautada en los registros de los empresarios imputados en este presunto caso de corrupción urbanística. Agentes policiales expertos en la lucha anticorrupción,  han vaciando el contenido de, al menos, un ordenador personal, otro portátil, dos puertos USB y un disco duro encontrados en el registro de la empresa Marina Entertaiment, adjudicataria del proyecto Marina-Besòs, en el que se incluye la polémica discoteca Carpas Ghoa Beach Club.

Correos delatadores

En esos soportes aparecen datos de la actividad de la discoteca cuando los promotores del proyecto no disponían de los preceptivos permisos para su funcionamiento, así como las relaciones estrechas entre estos empresarios que disfrutaban de la explotación del millonario negocio y el anterior alcalde de Sant Adrià, Jesús María Canga.

Los Mossos también sugieren una línea de investigación para saber qué conocimiento tuvo el Consell Comarcal del Barcelonés respecto a la actividad y los permisos administrativos de este proyecto lúdico.

Connivencia política

Los Mossos y, tal y como viene informando Crónica Global, la fiscalía, hablan de "tolerancia injustificada durante años de la explotación ilegal de la discoteca por parte de la empresa Sant Adrià Beach 2012 y Marina Entertaiment". El informe policial coincide con la fiscalía en que "todo ello puso en riesgo a las personas usuarias de aquella discoteca y así mismo se expuso a los vecinos a las molestias que se derivan de una actividad de ese tipo".

Los hechos investigados por el juez de Badalona se remonta al periodo 2007-2017. En ese época, durante al menos siete años, las carpas funcionaron ilegalmente según la acusación.

Canga está imputado, y el fiscal pide la incriminación por prevaricación y tráfico de influencias del actual alcalde, Joan Callau, concejal de Urbanismo en 2009, cuando se puso en marcha el proyecto.