La exmujer de Jordi Pujol Ferrusola se desmarca de los negocios de la saga familiar

Mercè Gironès, exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, se desvincula de la presunta trama de corrupción gestada en torno a la saga familiar. En su escrito de defensa, la que fue esposa del primogénito del expresident, asegura que quien realizaba actividades de negocio era “exclusivamente” su exmarido.

De esta forma Gironès se desmarca de la gestión de las sociedades del clan argumentando que siempre “confió en la legalidad de las actividades” de su exesposo y que, por ese motivo, no cuestionó “nunca decisión alguna”. Además, según el escrito presentado ante la Audiencia Nacional por su abogado, la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola asegura que hasta 2011, año en el que finalizó su matrimonio, ella se dedicó exclusivamente a la casa y la crianza y educación de los niños, mientras que su marido "desarrollaba actividades profesionales”.

Absoluta confianza en su marido

La exnuera del expresidente de la Generalitat de Cataluña admite que durante los años que duró su matrimonio compartió la titularidad de diversas sociedades con su esposo. No obstante, mantiene que quien se ocupaba de la mecánica negocial y de la captación de clientes era Jordi Pujol Ferrusola. Según Gironès, él era quien ostentaba el control total de las sociedades de las que ambos eran cotitulares.

Lo que resalta el escrito es que ella sí se ocupó, junto a asesores contables y a entidades bancarias, de que aquellas sociedades de las que formaba parte cumplieran con la legalidad tributaria. Por este motivo, el escrito de defensa la desvincula de cualquier actividad relacionada con el blanqueo de capitales.  

La fiscalía pide para ella 17 años

La exmujer del mayor de los hermanos Pujol Ferrusola mantiene que actuó siempre según su plena convicción de un correcto proceder y asegura que su papel se limitó puramente a desempeñar cargos sociales de forma simbólica o formal. "La señora Gironès, por lo demás, nunca ha realizado acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones con incidencia en cualquier procedimiento para perjudicar a sus acreedores. No se olvide que mi representada dispone de un patrimonio propio distinto del de su excónyuge, perfectamente lícito”, asegura su letrado.

Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción la considera autora de los delitos de organización criminal, asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública, falsedad documental y frustración de la ejecución en relación con la gestión de su patrimonio, por lo que pide para ella 17 años de prisión.