La defensa de los Pujol Ferrusola admite las ‘offshore’, pero alega su regularización

La defensa de la familia Pujol Ferrusola admite la existencia de sociedades offshore, pero alega que los titulares de dichas cuentas regularizaron su situación con la Hacienda española.

La letrada Adela Cano Lantero ha presentado este lunes los escritos finales de defensa de Mireia, Marta, Oleguer, Josep y Pere Pujol Ferrusola, hijos del expresidente catalán Jordi Pujol i Soley y Marta Ferrusola, que están llamados a declarar en calidad de acusados ante la Audiencia Nacional. La defensa solicita la absolución para todos los miembros de la familia.

“Acoso a BPA”

La abogada mantiene que los directivos y empleados de la desaparecida Banca Privada de Andorra (BPA) fueron víctimas de una estrategia de acoso coercitivo orquestada por exmiembros de la Policía Nacional para conseguir información sobre los Pujol Ferrusola que, posteriormente, fue filtrada en 2004 por el diario El Mundo. Dichos pantallazos dejaron al descubierto los movimientos bancarios efectuados por varios miembros de los Pujol Ferrusola de Andbank a BPA.

No obstante, según la defensa, este movimiento de dinero entre las dos entidades andorranas se corresponde a la herencia del padre del expresident, Florenci Pujol i Brugat, a favor de su hijo y la esposa e hijos de este, ahora imputados.

Los negocios del abuelo Florenci

La defensa argumenta que Florenci Pujol obtuvo dichos beneficios a lo largo de su carrera empresarial como propietario de los Laboratorios Martín Cuatrecasas y la adquisición de Banca Dorca, posteriormente Banca Catalana. La preocupación por el futuro económico incierto de su hijo, Jordi Pujol i Soley, que en aquel momento ya se dedicaba a la política, le llevó a depositar una cuantiosa suma de dinero, en dólares, a favor de la familia Pujol-Ferrusola en el país pirenaico. Este depósito estuvo controlado por varios gestores hasta que asumió su gestión el hijo mayor del expresident de la Generalitat, Jordi Pujol Ferrusola, después de que su padre se hubiera desentendido ante la imposibilidad de compaginarlo con su actividad política.

Aun así, según el escrito final, el resto de la prole de los Pujol Ferrusola, a excepción del primogénito, siempre se mantuvo al margen de la gestión de dicho depósito. Asimismo la letrada mantiene, según las pruebas aportadas por sus defendidos, que los fondos descubiertos en la ya extinta BPA, legado del abuelo Florenci Pujol Brugat, no estaban relacionados o conectados con empresas de contratación pública ni sirvieron como “influjo sobre funcionarios o autoridades para la adjudicación de contratos públicos”.

Admite la existencia de ‘offshore’

En el escrito de defensa, tanto Mireia como Marta se desvinculan de cualquier influjo, en el desempeño de sus actividades profesionales, con el fin de obtener de funcionarios o autoridades cualquier contrato o adjudicación en beneficio propio o de un tercero. Asimismo, mantienen que tampoco les consta que su hermano mayor, Jordi Pujol Ferrusola, hubiera utilizado su influencia para conseguir, mediante mordidas, contratos o adjudicaciones públicas.

Sí admite la defensa que tanto Mireia como Marta fueron titulares de dos sociedades offshore con sede en Andorra, en concreto, Doneran y Doral, respectivamente. También en relación a Oleguer, el escrito final recoge que, aunque el hijo de los Pujol Ferrusola adquirió la fundación Kamala, con depósito en la desaparecida BPA, en la que figuraba como beneficiario, nunca hubo una intencionalidad detrás de esta sociedad de ocultar la procedencia de los fondos o de enmascarar la titularidad de dicho depósito. Además, el texto recoge que en 2012 Oleguer Pujol Ferrusola regularizó su situación con Hacienda.

Por otra parte, el propio escrito de la defensa confirma también que Pere Pujol Ferrusola fue el titular de Clipperland, otra offshore con sede en Andorra. Pero, en la misma línea que sus hermanos, sostiene que dichas fundaciones nunca fueron utilizadas para realizar inversiones en activos mobiliarios ni inmobiliarios, ni para girar facturas ni recibir fondos de terceros. Tampoco fueron creadas con el objetivo de dificultar la trazabilidad de los fondos ni de quienes estaban detrás de ellos. Por eso, la letrada expone que ninguno de los imputados cometió ningún hecho delictivo al haber regularizado todos ellos su situación con el fisco al haberse beneficiado de la amnistía fiscal aprobada por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro.