Colau modula las multas por alquilar habitaciones por el fiasco del Peuat
El Ayuntamiento de Barcelona rebaja las sanciones al 'homesharing' porque está recibiendo revolcones en los tribunales
27 julio, 2021 00:00Por los reveses en los tribunales. Esta es la verdadera razón por la que gobierno municipal de Barcelona ha tenido que rebajar las multas al alquiler de habitaciones sueltas a turistas, como informó ayer la teniente de alcalde de Urbansimo, Janet Sanz.
Aunque la concejal de Barcelona en Comú (BComú) vendió la rebaja como un gesto magnánimo comparado con las supermultas de hasta 600.000 euros que imponía hasta ahora el ayuntamiento por alquiler ilegal a visitantes, lo cierto es que el motivo es otro: las derrotas en los tribunales.
"La razón es la nulidad del Peuat"
Lo explica el abogado Marc Pertíñez, socio fundador del bufete Pertíñez Romagosa. "El anuncio de la rebaja de las multas se debe a que los tribunales de primera instancia están tumbando las sanciones al alquiler de habitaciones a turistas. Los jueces le están diciendo a la Administración local que abrir tu casa a visitantes no entra dentro del tipo infractor muy grave, sino en el de grave. Y les rebaja la sanción de los 600.000 euros a 3.000 euros. Yo tengo varios casos, y otros letrados, también", explica.
"El ayuntamiento no corrige nada, lo que hace es comenzar a cumplir la ley", insiste el profesional. Recuerda Pertíñez que "la estrategia sancionadora del gobierno municipal está en falso porque se fundamenta en un reglamento, el Peuat, que es nulo de pleno derecho, según el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)". Subraya el abogado que la situación es pareja a la del Tribunal Constitucional y la anulación del primer estado de alarma en España, que deja en suspenso las sanciones. "Es similar: las multas fundamentadas en el Peuat, anulado por el TSJC, una nulidad confirmada por el Tribunal Supremo, son nulas".
Anfitriones ven "inseguridad jurídica"
Desde la asociación Veïns i Amfitrions (ViA), su presidenta, Dámaris Rojas, ha alertado a este medio de que los vecinos que comparten casas con turistas "se encuentran en la inseguridad jurídica". Ello es así porque el Govern emitió en agosto de 2020 el Decret de Turisme de Cataluña, que regulaba, precisamente, el sector el alquiler de habitaciones a turistas. Un año después, el gobierno municipal de Barcelona no solo no ha desarrollado el texto que regula la actividad, sino que aún sanciona a los que la practican.
"Ahora mismo, si abres tu casa a un visitante te expones a una multa, aunque necesites ese dinero. Y son sanciones que ahora alcanzaban los 600.000 euros, y que ahora serán de 6.001 euros. Son desproporcionadas", lamenta Rojas. La ciudadana y activista recuerda que el ayuntamiento debió regular la actividad y no lo ha hecho. "Se ha retrasado la normativa municipal y, ante ello, queda solo la moratoria. Estamos en la indefensión porque no han hecho los deberes. Y eso que les ofrecimos testar el sector con una prueba piloto en agosto", critica la presidenta de ViA.
Rebajadas a tipo grave
Cabe recordar que el gobierno municipal de Barcelona informó ayer de que rebaja las sanciones al alquiler de parte de una vivienda a turistas de muy grave a grave. El cambio de tipo conlleva también una menor cuantía de sanción, que se rebaja de un máximo de 600.000 euros a 6.001 euros. Si la persona reincide, opera más de un piso, presenta lucro --que se acredita con una inspección y más de diez recomendaciones on line-- o molestias a vecinos, las sanciones serán de 9.001 euros. Si el multado está en situación vulnerable, el castigo se rebajará un 50%.
Todo ello significa que el Ayuntamiento de Barcelona seguirá multando el alquiler de habitaciones de turistas pese a que el Gobierno catalán le dio cobijo legal en agosto de 2020. Lo hizo mediante el Decreto de Turismo de Cataluña, que reguló el llamado homesharing. El texto fija que los que practican esta modalidad de alquiler vacacional solo deben comunicar el inicio de actividad a su ayuntamiento. No obstante, la Administración local de Barcelona no ha desarrollado el decreto, como prometió, sino que ha prohibido la actividad con una moratoria. Y mantiene las multas.