Colau veta a la filial de una 'offshore' como socio en vivienda

La secuencia de los hechos arrancó con el Área Metropolitana convocando un concurso en 2020 para elegir a un socio que construya más de 4.500 viviendas de alquiler social con Habitatge Metròpolis Barcelona, una sociedad público-privada participada por la propia AMB, el Ayuntamiento de Barcelona y un promotor privado. Ayer se dio el nombre del que, salvo sorpresa, será este socio: Cevasa y Neinor Homes. 

Se coló en el concurso

El gestor patrimonial de la familia Vaqué, fundadora de Inoxcrom, y la promotora cotizada en la Bolsa de Madrid construirán pues 4.500 viviendas sociales con el AMB, que preside Ada Colau. Se impusieron a Visoren, que ha quedado como segundo clasificado en la licitación. Son las dos ofertas de las que informó ayer el Área Metropolitana. Pero es que inicialmente había cuatro. ¿Dónde están?

Una de las empresas que se ofreció para elevar pisos protegidos con el AMB fue Coparalq Holdco. La sociedad, una desconocida, se formó en marzo de 2020 con 3.000 euros de capital. No presenta ampliaciones. Es una administrada, según el Registro Mercantil, por directivos del grupo holandés Intertrust en España. Este gigante de los servicios fue señalado en los Panama papers por operar en Panamá, un paraíso fiscal según la Unión Europea (UE), avanzó Expansión en 2016. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que llevó a cabo la investigación, aún lo cita. 

"Solo le proveemos servicios"

Este medio contactó ayer en varias ocasiones para recabar la versión de las exadministradoras de Intertrust, ahora administradoras del socio único de Coparalq Holdco: OCM Redes Holdco SARL, una mercantil domiciliada en Luxemburgo. No recibió respuesta. Una empleada de Intertrust, domiciliada en la misma dirección, sí aclaró que la firma "da servicio a miles de empresas, quizá 5.000". Coparalq Holdco, la firma que se ofreció a Ada Colau para hacer vivienda social en Barcelona "es solo una de estas compañías a las que se da servicio". 

Coparalq puede ser solo un cliente de Intertrust, pero lo cierto es que las implicaciones de quién es el administrador de la sociedad importan. El grupo Intertrust --participado por Blackstone-- admitió [ver comunicado aquí] que tuvo relaciones con un proveedor en Panamá, aunque "para un pequeño número de clientes". Tras ello, el grupo "llevó a cabo exhaustivas revisiones de portafolio basadas en el compliance y modificaciones tecnológicas de seguridad". Las dos acciones "se saldaron sin cambios de las políticas existentes" de empresa. Destaca Intertrust que "pone los máximos estándares de compliance y la aceptación de estos procedimientos por parte del cliente en el corazón de su estrategia". 

Segunda empresa que 'cae'

El intento de Coparalq-Intertrust de entrar en el concurso de vivienda social del AMB fue baldío. Han ganado Cevasa y Neinor. Pero lo relevante es que de las cuatro ofertas iniciales que llegaron al Área Metropolitana para elevar pisos de alquiler asequible, dos han caído. Una, la de Coparalq, por motivos que se desconocen. Preguntada por este medio, la portavocía de prensa no contestó qué había pasado con el dosier de esta sociedad.

Antes de este lance ya se borró de la pugna por elevar pisos protegidos --"una iniciativa pionera en España", según el AMB-- la unión temporal de empresas (UTE) que formaban Habyco y Construccions Rubau. Lo avanzó este medio, y ocurrió por el hecho de que Javier Burón, gerente de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, había sido socio de Habyco en el pasado. Ahora participa en Habitatge Metròpolis Barcelona, la sociedad mixta. Hubo quien apuntó a un conflicto de interés. Burón lo negó y se desvinculó de la UTE. Pero la oferta de Habyco y Rubau cayó, como ha caído misteriosamente ahora la de Coparalq. 

Barcelona tiene un protocolo 'antioffshore'

La pérdida del 50% de aspirantes privados a construir pisos sociales con el AMB que preside Colau tiene enjundia porque el primer concurso para encontrar socio de Habitatge Metròpolis quedó desierto en 2019. El segundo ha perdido a dos licitantes por el camino. También mollar es la existencia de un compromiso público [ver aquí] del Ayuntamiento de Barcelona contra los paraísos fiscales, jurisdicción que utilizó, presuntamente, Intertrust. Lo aprobó el gobierno municipal por decreto de alcaldía en 2016. 

El protocolo de compra ética prohíbe tener relaciones jurídicas con empresas que hayan operado en territorios con jurisdicción amable. ¿Es extensivo a Habitatge Metròpolis? El Ayuntamiento de Barcelona participa en la sociedad mixta y tendrá dos sillas en el consejo de administración. Sin embargo y pese al ruido político, el protocolo antiparaísos no podría haberse aplicado para vetar a Coparalq-Intertrust porque no se ha activado contra ninguna empresa. Tampoco contra Mediapro, que admitió haber utilizado Panamá al menos en una ocasión para pagar un soborno. Pese a ello, el grupo de Jaume Roures se ha llevado otra pieza de la política de vivienda con la participada Coyoacan Investment: la promoción delegada.