Piden investigar las ayudas de Colau a Desc por organización criminal

La asociación que denunció a Fiscalía las subvenciones del gobierno municipal de Barcelona a entidades afines ha pedido investigar a Ada Colau y varios concejales y exconcejales y al Observatori Desc por organización criminal. 

Lo avanza Abc, que detalla que Abogados Catalanes por la Constitución ha ampliado la acción penal contra el Ayuntamiento de Barcelona por ayudas directas a asociaciones cercanas al Ejecutivo local, como Desc, Aliança contra la Pobresa Energètica y Enginyeria sense fronteres (ESF). En el escrito pide además al ministerio público que examine el rol que jugaron los exconcejales Gerardo Pisarello y Jaume Asens, hoy cargos por Unidas Podemos en el Congreso de Diputados, y al concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Eloi Badia. 

"Pertenencia a grupo criminal"

La asociación de letrados entiende que los ediles y exediles citados, incluida la alcaldesa, deberían ser imputados por pertenencia a "organización o grupo criminal". ¿Por qué? "A la vista de la existencia de una red de personas organizada, jerarquizada, con cometidos concretos dentro de un organigrama, permanente en el tiempo, y en la que cada individuo tiene una misión y trabaja en un sentido concreto". 

En paralelo a ello, Abogados Catalanes por la Constitución plantea que se investigue --nueva condición de imputado tras la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-- a Eloi Badia, concejal de Barcelona en Comú desde 2015; Gerardo Pisarello, ex primer teniente de alcalde de Barcelona entre 2015 y 2019, y Jaume Asens, edil durante el mismo periodo. Los dos últimos son ahora secretario primero del Congreso y presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos. 

"Entorno ideológico" de Colau y BComú

Esta petición a Fiscalía se une a la denuncia anterior de la misma asociación. El primer escrito entrado ante el ministerio público citaba ya a la propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y las exconcejales Gala Pin y Laia Ortiz, amén de la técnica de Vivienda Vanesa Valiño. Los denunciantes pidieron al fiscal --la querella ha recalado en la Fiscalía Provincial de Barcelona-- que peinaran el rol de la jefa de corporación, las dos exediles y la alto cargo en la concesión de subvenciones a Desc, Enginyeria y Aliança contra la Pobresa. 

Los concejales y exconcejales citados en las dos denuncias presentadas, la primigenia y la ampliación ahora entrada, tuvieron relación profesional con Observatori Desc antes de entrar en política. Tras ello, saltaron a la arena política, desde donde habrían participado en la asignación de ayudas a la entidad para la que trabajaron. Ello fue así pese a que Desc, sita en el número 43 de la calle Casp de Barcelona, pivota como otras entidades registradas en la misma dirección "en el entorno ideológico de Ada Colau y Barcelona en Comú". 

¿Se abstuvieron?

En la ampliación de la denuncia que Abogados Catalanes presentará hoy al ministerio público, la entidad pide que se cerciore de si los electos y exelectos cumplieron con su deber de abstención, algo que preguntó Crónica Global al Ayuntamiento de Barcelona, sin obtener respuesta. Según los denunciantes, lo debieron hacer en el marco de entes de decisión como la comisión de gobierno, por cuanto se exponían a posibles conflictos de interés tras su paso por Desc antes de entrar en política. 

La asociación recuerda que si los denunciados no se abstuvieron, pudieron "aunar sus intereses" para beneficiar a una entidad social para la que habían trabajado. Lo hicieran o no, las ayudas concedidas a Desc, ESF y Aliança fueron, en opinión de los letrados autores del escrito, recurrentes y no excepcionales, por lo que debieron salir a convocatoria pública y no se concedidas por convenio sin concurso. Es lo que dijo, precisamente, la Intervención del ayuntamiento, como explicó este medio.  

El Tribunal de Cuentas también investiga

La ampliación de la denuncia contra el Ejecutivo local de Ada Colau en Barcelona supone un frente jurídico abierto más para el bipartito. El gabinete de la alcaldesa lidia con una querella inmobiliaria en la que ha sido imputada la teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, por, presuntamente, frenar un hotel en la Casa Buenos Aires, un palacete modernista de Barcelona, favoreciendo al colectivo okupa que lo había tomado. 

En el campo administrativo, el Tribunal de Cuentas ha admitido a trámite una denuncia de la Sociedad General de Aguas de Barcelona (SGAB) por las subvenciones a Enginyeria sense fronteres, oenegé que la que Eloi Badia fue project manager antes de pasar a la gestión pública, avanzó El Mundo. Globalmente, la sociedad pide investigar la entrega de 6,4 millones a entidades afines, incluidos 852.633 euros a ESF.