Un acto de la concejal del distrito, Lucía Martín, en la Fabra i Coats / AJBCN

Un acto de la concejal del distrito, Lucía Martín, en la Fabra i Coats / AJBCN

Política

Colau vuelve a ceder la Fabra i Coats a la empresa del 'caso Inipro'

El mayor centro cultural de Barcelona, gestionado de nuevo por una firma salpicada por un macroproceso de presunta corrupción

30 marzo, 2021 00:00

Una firma salpicada por un caso de corrupción llevará la gestión del mayor centro cultural de Barcelona. El ayuntamiento ha cedido de nuevo la gestión del complejo de producción cultural Fabra i Coats a Iniciatives i Programes (Inipro), ahora Grup IP, tocada por un macroproceso que investiga indicios de delito en Tarragona y Viladecans. 

Lo aprobó el Ejecutivo local de Barcelona en su última comisión de gobierno. En el cónclave, el bipartito avaló entregar a Inipro el Servicio de Gestión del Recinto Fabra i Coats por un periodo de dos años y un presupuesto de unos 580.000 euros. La resolución del procedimiento aún no ha sido publicada en el portal de contratación [ver aquí]. 

Segunda vez

De este modo, el gobierno municipal de Barcelona vuelve a confiar en una empresa cuestionada por un macroproceso judicial con 14 imputados la gestión del mayor ateneo de producción cultural e innovación de la Ciudad Condal. Es, de hecho, la segunda vez que ocurre, como explicó este medio en 2017

En aquella ocasión, el pasado mandato, el gobierno --también-- de BComú alegó que "no se habían presentado más empresas" al concurso. También recordó una portavoz municipal que "no existía pronunciamiento judicial" sobre el caso Inipro en Tarragona, por lo que prevalecía la "presunción de inocencia". De hecho, y en el caso de que haya sentencia, "la ley no permite la rescisión de contratos en estos casos", apostilló. 

Cs pidió evitar estas empresas

El pronunciamiento que sí existe es el político. En junio de 2020, Ciudadanos llevó a comisión municipal una propuesta de resolución para "no invitar en la contratación directa a empresas investigadas por corrupción".

La iniciativa salió adelante con los votos de ERC, Junts, el propio partido naranja, PP y BCN pel Canvi. Los dos partidos que forman el gobierno municipal se abstuvieron. El texto pedía también la publicación de la contratación menor durante los 15 días posteriores al cierre del trimestre y la desaparición de las autorizaciones genéricas de gasto. 

"Vieja política"

En conversación con este medio, un portavoz del partido naranja ha recordado que "Colau sigue adjudicando contratos a una empresa que está vinculada a una trama de corrupción política". Esta firma "es una de las empresas más beneficiadas por los dedazos en la contratación menor del consistorio, a pesar de estar investigada". 

Desde Cs recuerdan la propuesta elevada a la comisión de Economía de junio de 2020. "Colau ha seguido haciéndolo", lamentan. "En este caso se trata de una licitación, pero consideramos que deben excluirse de las contrataciones públicas, de forma cautelar y hasta que no haya una sentencia firme, a todas las empresas que presuntamente están siendo investigadas por casos de corrupción", han argumentado. De lo contrario, recuerda la fuerza naranja, "el gobierno de Colau y del PSC siguen con las prácticas de la vieja política, contrarios a la transparencia, a cumplir con el código ético y a utilizar la contratación pública para favorecer a empresas afines". 

Apertura de juicio oral

En paralelo al carril político, está el judicial. El caso Inipro que salpica a la empresa que gestionará de nuevo la Fabra i Coats de Barcelona dio otro giro en primavera de 2020. La Audiencia Provincial de Tarragona desestimó el recurso de varios investigados en la causa y ratificó la apertura del juicio oral. Los imputados, entre los que figuran el exalcalde de la capital provincial, Josep Fèlix Ballesteros, y trabajadores de Inipro, se sentarán en el banquillo para responder por varios delitos vinculados a la corrupción política. 

Deberán responder los encausados sobre si un contrato firmado entre Inipro y el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) de Tarragona en 2010 era de provisión de servicios u ocultaba posible financiación irregular. Es lo que sospecha el Ministerio Fiscal, que cree que la contrata, que versaba sobre la intervención del asociacionismo entre la población migrante, tenía un doble objetivo. El caso tuvo réplicas en Viladecans (Barcelona). Llegó a estar imputado el gerente de Inipro, Ricard Campà, que falleció en 2016, en plena instrucción.