El ‘caso Borràs’: los beneficios de ser profesora por la vía estatal

Una plaza como profesora titular en la Facultad de Educación de la UB, dentro de los cuerpos funcionariales del Estado. Es lo que ha conseguido Laura Borràs ante la perplejidad de los docentes de la Universidad, que han constatado cómo en los últimos dos decenios apenas se han ofrecido esas plazas. Con ello, Borràs obtiene beneficios importantes de cara a su carrera profesional, a diferencia de los profesores agregados o contratados, que son las plazas que ofrecen las universidades públicas catalanas en base a la Ley Catalana de Universidades de 2003. Uno de ellos es que Borràs podría llegar a ser rectora de universidad, algo que está vedado para los agregados y contratados porque en esos casos no son funcionarios del Estado.

Borràs ha accedido a esa plaza de titular en la facultad de Educación de la UB dentro del área de Didáctica de la Lengua y Literatura, con Roser Boix como decana y Joan Perera como director del departamento de Educación Lingüística y Literaria, que son quienes promovieron su plaza. Borràs, sin embargo, había optado a una plaza como agregada dentro del marco de la Ley Catalana de Universidades, en la facultad de Filología, en el departamento de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la UB, donde era profesora asociada. No lo logró. Fue suspendida. Tras tramitar la acreditación necesaria tanto en la AQU --Agència de Qualitat Universitària-- de la Generalitat, como en la ANECA --Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación--, Borràs esperaba otra oportunidad, que le ha llegado desde la facultad de Educación, para ser profesora titular.

Movilidad por toda España

Con ello, Borràs podrá participar en tribunales de plazas de profesores y disfrutar de la movilidad voluntaria a otras universidades españolas o entes públicos.

Laura Borràs, presidenta del Parlament, durante su entrevista en TV3

No es esa la situación, en cambio, para los profesores agregados o contratados en las universidades catalanas, que se rigen por la ley de 2003 que impulsó Andreu Mas-Colell, con el objeto de que los docentes universitarios no fueran funcionarios. No pueden participar como miembros de tribunales, porque su categoría se considera inferior. Y en el caso de la movilidad voluntaria, se puede llevar a cabo en universidades catalanas y otras situadas fuera del territorio catalán siempre a través de acuerdos o convenios de reciprocidad.

Sin posibilidad de ser despedida

Hay otras ventajas en relación a servicios sanitarios y de protección de derechos, pero el más importante y decisivo es que los titulares, como funcionarios, no pueden ser despedidos. En cambio, para el otro colectivo sí es posible realizar un despido colectivo en la universidad pública: para el personal laboral, y en función de la situación financiera de la universidad.

El profesorado que se agrupa en este colectivo, menos protegido que el funcionarial, sigue sin entender qué ha ocurrido con el caso de Laura Borràs, porque las facultades de la UB no ofrecían una plaza como titular desde hace, por lo menos, 15 años, con casos de hasta 20 años, en la facultad de Derecho. En Económicas, por ejemplo, hace diez años que no se ofrece.

Borràs, como presidenta del Parlament, dirigirá este martes el segundo debate de investidura del republicano Pere Aragonès. Aunque acaba de lograr la plaza, debería pedir una comisión de servicios por cargo electo. Pero en cuanto dejara su responsabilidad política y, al margen de cómo quede su situación judicial --está pendiente de juicio oral por un caso de fraccionamiento de contratos en calidad de directora del ILC--, podría ejercer como profesora titular de la UB, como funcionaria del Estado.