Bélgica rechaza la entrega a España del fugado Lluís Puig de forma definitiva

La Justicia belga no entregará a España al exconseller de la Generalitat fugado por el procés independentista Lluís Puig, después de que la fiscalía de dicho país haya renunciado este viernes a recurrir la decisión del tribunal de Apelación de Bruselas, que denegó en segunda instancia su extradición.

De este modo, la fiscalía ha decidido no acudir a la última instancia judicial en el ordenamiento belga, el Tribunal de Casación, pese a que el político posconvergente está reclamado por el Tribunal Supremo español por su presunta implicación en la organización del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña de octubre de 2017. La justicia belga tiene que decidir todavía sobre las órdenes de extradición de Carles Puigdemont y Toni Comín, también huidos por el mismo motivo.

Según su abogado, "la sentencia ya es firme"

"La fiscalía confirma que no recurrirá el fallo del tribunal de apelación. La sentencia sobre la no extradición de Lluís Puig ya es firme", ha informado Simon Bekaert, uno de sus abogados, en un mensaje en las redes sociales.

Puig, que ejerció de conseller de Cultura en el Govern que organizó el referéndum de 2017, era reclamado por las autoridades españolas por un presunto delito de malversación de fondos públicos en la causa del procés.

Puigdemont, eufórico

Los círculos independentistas han celebrado la noticia. Al poco de conocerse, el eurodiputado y expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha señalado que el fallo demuestra que el Tribunal Supremo "no era, es, ni será" competente para "perseguir" a los políticos independentistas.

"Game over", ha dicho Puigdemont en un mensaje en Twitter, para, a renglón seguido, pedir la puesta en libertad del exvicepresidente Oriol Junqueras y los consellers encarcelados por sedición. El caso de Puig era el primero que examinaban los tribunales belgas sobre las órdenes europeas de detención y entrega (OEDE) cursadas por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra los políticos independentistas huidos hace más de tres años.