Una anciana en una residencia
UGT demanda a la Generalitat por la peligrosidad de las residencias
El sindicato lleva ante el TSJC el impago de los pluses por trabajar en situación de riesgo durante la pandemia
18 diciembre, 2020 00:00La cicatería del Govern con los trabajadores de las residencias termina en los tribunales. FeSP-UGT ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) la negativa de las consejerías de Salud y Trabajo a abonar el plus de peligrosidad al personal de los 16 geriátricos y centros de día de la red pública. La demanda se ampara en el artículo 35 del convenio colectivo del personal de la Generalitat, que fija la percepción del complemento si sobrevienen factores de riesgo excepcionales.
Fuentes del sindicato explican que esta previsión encaja a la perfección con la difícil coyuntura que se vivió durante los meses más duros del Covid-19. Además, indican que la reclamación cubre todas las ocupaciones, no solo las sanitarias. La demanda presentada se hace extensiva a los médicos, enfermeras, auxiliares sanitarios y fisioterapeutas, pero también a los limpiadores, porteros, cocineros y animadores socioculturales, entre otros trabajadores.
500 euros por trabajador
La organización entiende que la plantilla en su conjunto se vio afectada por el coronavirus, sin distinguir entre categorías profesionales. "Creemos que vamos a ganar este conflicto laboral. El plus se ajusta a las circunstancias que se vivieron entre marzo y junio", explican los mismos interlocutores. Pese a ello, en una reunión de la Comisión de Interpretación, Vigilancia y Estudio (CIVE) celebrada el pasado 9 de julio surgieron discrepancias de interpretación entre las partes que bloquearon un acuerdo.
En total, la federación de empleados públicos calcula que cerca de 1.500 trabajadores podrían beneficiarse de un extra que unos 500 euros. Pero la Generalitat se niega a pagar estas cantidades hasta que se realice una evaluación caso a caso en cada centro de trabajo. El sindicato entiende que esta maniobra lesiona los derechos e intereses legítimos de los trabajadores, ya que demora su devengo, y plantea el recurso para acelerar el pago de los pluses. Por su parte, Trabajo no ha querido entrar a valorar esta demanda.
Contradicciones del Govern
La cerrazón del Govern llega después de que el pasado septiembre se aprobase una paga extra de 900 euros para los empleados de las residencias. La iniciativa ya fue criticada porque se excluyó al personal no sanitario, una distinción que fue tildada de elitista. El decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia repartió un bonus a los mismos profesionales a quienes se les detrae ahora este complemento.
La gestión pública de las residencias por parte del gobierno autonómico adoleció de los mismos errores de los centros privados y concertados. En la demanda de FeSP-UGT, se recuerda el gran número de contagios tanto entre los residentes como entre la plantilla como consecuencia del desabastecimiento de EPI y la falta de formación específica sobre su uso. Las cifras no muestran la diferencia entre el personal sanitario y el que no, una diferencia que sí aplica la Generalitat.
