Las residencias catalanas amagan con denunciar el Govern a Fiscalía

Las residencias catalanas amagan con denunciar a Fiscalía el plan de visitas del Gobierno catalán. Los geriátricos catalanes se preparan para llevar ante el ministerio público la hoja de ruta de reapertura de los centros que ha diseñado la Generalitat de Cataluña.

La acción colectiva la vehícula la Asociación Catalana de Directores de Centros de Atención a la Dependencia Gerontológica (Ascad), que ha enviado modelos de denuncia a sus 250 asociados. La entidad invita a los responsables de asilos a comunicar a Fiscalía cada "irresponsabilidad" derivada del plan sectorial del Departamento catalán de Salud, emitido en septiembre. Este documento autoriza las salidas de los mayores al exterior y las visitas a los residentes.

"Desvinculado de la situación epidemiológica"

En conversación con este medio, Andrés Rueda, presidente de Ascad, ha señalado que el plan de reapertura de las residencias "está desvinculado de la situación epidemiológica del entorno", por lo que "pone en riesgo a los mayores residentes".

"No es es recibo que se autoricen visitas de familiares a los centros sin test de antígenos a las personas que vienen, ni lo es dejar salir a nuestros usuarios por Navidad sin cerciorarse de que estarán seguros y en grupos burbuja", razona Rueda. De hecho, las fiestas navideñas suponen en opinión de Ascad "un peligro", pues los residentes podrían entrar en contacto con más personas de las habituales, y contagiarse.

Modelo de denuncia a Fiscalía

Ante ello, Ascad propone dos líneas de trabajo. Por un lado, exige a la Generalitat de Cataluña que reparta test de antígenos a las residencias para que todos y cada uno de los visitantes a los centros pasen una prueba. "De esta manera aseguraremos la profilaxis, sí, pero también que las visitas sean cálidas, que residente y familiar se puedan coger de la mano o besar, por ejemplo", indica el directivo.

En paralelo a ello, la asociación ha enviado un modelo de denuncia a Fiscalía para que los gerentes denuncien al ministerio público posibles situaciones con sus residentes que generen responsabilidades penales. "El Govern ha permitido la reapertura sabiendo que desde septiembre el 47% de fallecidos por Covid en Cataluña son en residencias. Se imponen medidas intermedias, no un plan hecho al uso para evitar enfrentarse a las familias de los usuarios", ha apostillado Rueda.