Torra obedece a Puigdemont y redobla su pulso al Estado

Carles Puigdemont pide confrontación y Quim Torra acata. El clima preelectoral que se vive en Cataluña condiciona, y de qué manera, los actos del presidente de la Generalitat. Hasta el punto de poner en vilo a la ciudad de Lleida y a siete municipios más con una orden de aislamiento que, según la juez de guardia, restringe derechos fundamentales --encierro domiciliario-- y solo es posible en una situación de estado de alarma que compete al Estado.

De la torpeza y precipitación de las instrucciones [se pueden leer en este enlace] da cuenta el hecho de que el Govern ni informó a la juez del número de contagios, ni fundamentó su decisión en las leyes de salud pública y de protección civil, tal como hizo para confinar la Conca d'Òdena, que en este caso solo fue perimetral. Anoche, el Ejecutivo de Torra se reunía de urgencia para aprobar un decreto ley con la finalidad de soslayar la resolución de la juez y dotarse de una arquitectura jurídica que avale ese tipo de órdenes catalanas en un futuro en general y la adoptada el domingo, en particular. Según la consejera portavoz, Meritxell Budó, la idea es ratificar las polémicas medidas. 

Torra había dejado muy claro por la mañana que no estaba de acuerdo con la decisión de la juez y que asumía todas las consecuencias que se deriven de ese desafío, que se enmarca en las nuevas consignas de Puigdemont, estas son, la confrontación con el Estado como eje de su nuevo partido. El presidente de la Generalitat instó a los ciudadanos de Lleida a hacer caso omiso del dictamen de la magistrada, contraria a unas medidas “desproporcionadas” --aislamiento domiciliario-- y que vulneran competencias estatales.

Waterloo marca el paso

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, poner rumbo de colisión contra el Estado, como reclama el de Waterloo, no solo permite enarbolar la bandera de las esencias separatistas, sino echar por tierra la apuesta por el diálogo de ERC, sus socios de gobierno y principales rivales en las urnas.

De ahí que anunciara la elaboración de un decreto ley para recoger las instrucciones. Este instrumento es constitucional, pero reduce la capacidad de debate parlamentario. Suele ser utilizada por gobiernos débiles, como es el caso del presidido por Torra, quien lo utilizó el año pasado en 17 ocasiones. Una vez aprobado, debe ser refrendado por el Parlament antes de que transcurran 30 días hábiles. De lo contrario, decaerá.

La gota que colma el vaso

El nuevo pulso de Torra es la gota que colma el vaso en un territorio, el leridano, donde alcaldes y ciudadanía consideran que la Generalitat actúa tarde y mal. “Se ha ido a lo fácil, al confinamiento”, explica un cargo municipal. 

“Ni se controla la aplicación de las recomendaciones, ni se analiza la trazabilidad de contactos ni se sigue a los pacientes”, explica otra fuente municipal leridana. De hecho, el Govern ni siquiera proporcionó a la juez de guardia la cifra de contagios que justificaban una medida que afecta a los derechos y libertades de los ciudadanos. Tal como publicó Crónica Global, juristas consultados sostienen que reducir esos derechos constitucionales pasa por un estado de alarma que solo puede decretar el Gobierno.

Ante el lío judicial y de competencias, de nuevo son los ayuntamientos los que dan la cara y asumen competencias de seguridad que no les corresponden. Como avanzó este medio, ya en la reunión que el pasado día 6 mantuvieron los alcaldes del Segrià con la Generalitat saltaron chispas, siendo los ediles Josep Antoni Romia (Serós), Maria Rosa Pujol (Aitona) --ambos de Junts per Catalunya-- y Manel Ezquerra (Alcarràs), de Sempre Alcarràs, los más contundentes en sus críticas a la falta de medios y de información, dado que ya se sabía desde hace tiempo, por los casos detectados en Aragón, que podrían producirse rebrotes de la pandemia.

Ayer, Ezquerra expresó su indignación ante una “burocracia que nos tiene detenidos y bloqueados”.