Jordi Cuixart acusa al Tribunal Supremo de estar politizado

Jordi Cuixart --condenado a nueve años de prisión e inhabilitación-- cree que la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O se debe a la decisión de un tribunal parcial y politizado. Un texto publicado por Òmnium Cultural en el que mezcla afirmaciones de la propia organización de Cuixart, del "equipo de abogados" y del defensor Benet Salellas acusa al Supremo de actuar con un sesgo ideológico que "choca frontalmente con el derecho fundamental a un tribunal independiente e imparcial ideológicamente". También denuncia la vulneración "flagrante" del derecho a reunión y expresión, entre otros.

De este modo, el entorno de Cuixart pide que se declare nula la sentencia y denuncia que se han vulnerado derechos como la presunción de inocencia.

“Propaganda electoral”

“Nos ha juzgado un tribunal que ha permitido que la extrema derecha sea acusación popular y ha hecho un uso fraudulento y partidista para hacer propaganda electoral como muestran los resultados de las elecciones del 10-N”, esgrime.

Tras afianzar su determinación en la defensa de sus derechos y libertades ante lo que considera una “ideología marcada” del Tribunal Supremo, afirma que no existen pruebas que justifiquen la condena por sedición y que la sentencia tampoco aporta elementos que acrediten que se impidieron diligencias judiciales el 20 de septiembre de 2017 en la Consejería de Economía.

Posición ideológica previa e incompetencia

Salellas pide que deje de ser efectiva la sentencia como paso previo al recurso de amparo al Tribunal Constitucional y acusa al presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo Manuel Marchena de tener una posición ideológica concreta y previa sobre el conflicto catalán, que ha quedado plasmada en la sentencia “de forma determinante”.

Desde su punto de vista, el Supremo no era el órgano competente para juzgarlo, sino que debería haberse encargado la Audiencia de Barcelona.

Bassa también pide anular la sentencia

La defensa de la 'exconsejera' Dolors Bassa presentó ayer un incidente de nulidad contra la sentencia del Tribunal Supremo que la condena 12 años de prisión por sedición. 

El tribunal le atribuye erróneamente la titularidad del Departamento de Enseñanza cuando Bassa era consejera de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias. "No se trata de un mero error material, sino que ha sido determinante para establecer su responsabilidad, ya que su condena se fundamentó en hechos de otra persona, de la titular real del Departamento de Enseñanza", se queja la defensa.