El Constitucional avala el 155 por unanimidad

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) por unanimidad ha avalado la aplicación del artículo 155 de la Constitución española en la Comunidad Autónoma de Cataluña. El TC, en dos sentencias, desestima en su práctica totalidad los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y por el Parlamento de Cataluña contra el Acuerdo del Pleno del Senado de 27 de octubre de 2017 mediante el que se aprueba medidas requeridas por el Gobierno, al amparo del artículo 155.

El Gobierno de Mariano Rajoy pidió al Senado la aplicación de este precepto constitucional, con el apoyo de PSOE y Ciudadanos, tras el referéndum del 1-O y la declaración unilateral de independencia (DUI) aprobada en la Cámara catalana. La medida, sin precedentes, supuso la destitución del presidente Carles Puigdemont y de todo sus consejeros y la convocatoria de elecciones autonómicas. El Ejecutivo español tomó el control del funcionamiento diario de la Generalitat.

El Alto Tribunal estima únicamente la impugnación en lo relativo a la regla que privaba de efectos a la publicación oficial de disposiciones normativas o actos, sin autorización del Gobierno o en contra de lo dispuesto por este. El TC ha avanzado la parte dispositiva de sendos fallos y, en los próximos días, notificará el contenido íntegro de los mismos.

El Supremo también avaló la intervención

El pasado mes de marzo fue el Tribunal Supremo el que avaló la medida al desestimar el recurso presentado por una veintena de miembros del Parlament la pasada legislatura contra la aplicación del 155. La Sala de lo Contencioso-Administrativo estableció que "la gravedad extraordinaria de lo sucedido" justificó la suspensión autonómica. 

Según el Supremo, “no basta cualquier incumplimiento de la Constitución o del ordenamiento jurídico” para aplicar el 155. No obstante, sobre los hechos que llevaron a la suspensión de la autonomía catalana afirma que son "atentados graves al interés general de España", puesto que "atacan su propia existencia e integridad".