Cerco político, judicial y social a la propaganda independentista

Crece el cerco político, judicial y social sobre la propaganda indepe. Mientras la Fiscalía de Barcelona sigue adelante con la investigación de los lobbies pagados por el Govern para colocar artículos favorables a la independencia en la prensa internacional, el Tribunal de Cuentas avanza en sus diligencias sobre el gasto en diplomacia catalana.

Asimismo, en los próximos días, el Parlament debatirá una propuesta de resolución en la que se insta a sancionar el uso de patrimonio público en esos escritos periodísticos, en un momento en el que el Govern ha admitido que las arcas públicas están vacías, sin perspectivas de poder aprobar unos nuevos presupuestos por falta de apoyo --sería la tercera prórroga presupuestaria de los independentistas--.

Iniciativas políticas y sociales vs. "embajadas" catalanas

El Gobierno español anunció la semana pasada que recurrirá la apertura de nuevas "embajadas" catalanas, como ya impugnó el "acuerdo bilateral" suscrito entre el minister for digital policy de Cataluña, Jordi Puigneró --según consta en ese documento--, y las Islas Feroe en materia de tecnologías digitales.

Pero es que, además, la comunidad española en el exterior también se moviliza, concretamente en Suiza, país que se ha convertido en un icono del independentismo --allí tiene su sede la ONU, donde un grupo de trabajo ha criticado el encarcelamiento de los procesistas en un informe no vinculante-- y donde se ha impulsado una campaña de crowfunding para luchar contra la "falsa embajada catalana".

Investigaciones del Tribunal de Cuentas

El informe del Tribunal de Cuentas sobre los recursos asignados a la ejecución de las políticas de acción exterior de Cataluña (ejercicios 2011-2017) se ha convertido en todo un referente en esa ofensiva política y judicial. No en vano ocupa 722 folios, un concienzudo compendio de cómo el Govern utilizó fondos públicos para internacionalizar el procés. "Este órgano fiscalizador hizo una serie de requerimientos para investigar y encontró muy poca colaboración por parte de la administración catalana", explican a Crónica Global fuentes próximas a esas indagaciones.

El tribunal dictó recientemente un auto en el que ordena seguir adelante con las investigación sobre la responsabilidad contable del equipo de Gobierno de Carles Puigdemont. Se trata de un procedimiento paralelo al penal que el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía y las asociaciones denunciantes --Abogados Catalanes por la Constitución y Sociedad Civil Catalana-- ven jurídicamente factible. La Generalitat pidió el archivo, desestimado por la consejera de este órgano, Margarita Mariscal de Gante.

Investigación de la Fiscalía contra Artur Mas

Por otro lado, la Fiscalía de Barcelona ha abierto una investigación sobre el pago de 1,6 millones de euros al lobby americano Independent Diplomat por parte del Gobierno de Artur Mas. La finalidad de esos contratos era buscar complicidades internacionales para la causa secesionista. La investigación responde a una denuncia de Ciudadanos --que puede leerse en este enlace-- en la que se advierte de que nada se sabe de las actividades de ese lobby, a pesar de las repetidas solicitudes de información realizadas por la diputada Susana Beltran. Los contratos se suscribieron en fechas previas a la organización de la consulta secesionista del 9N de 2014, por la que fue condenado el expresidente Mas y varios exaltos cargos del Govern.

Independent Diplomat colocó artículos de opinión favorables al proyecto independentista en medios como The Guardian o el New York Times cuando Mas era el presidente de la Generalitat, pero esos mismos diarios internacionales recogieron posteriormente artículos similares de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Carme Forcadell, por lo que todo apunta que el dinero público se siguió destinando a la colocación de piezas de propaganda partidista en la prensa internacional. 

Programas electorales separatistas

Por ello, Cs ha presentado una propuesta de resolución en el Parlament en la que se insta a condenar "la mala práctica consistente en emplear patrimonio público para la elaboración y colocación en la prensa internacional de artículos de opinión, plenamente identificables con los programas electorales de los partidos separatistas y no con las competencias constitucionales y estatutarias de la Generalitat, con indebido provecho de la autoridad y responsabilidad pública que se ostenta".

Asimismo, la formación naranja propone "iniciar inmediatamente los correspondientes procedimientos de investigación, sanción y recuperación de patrimonio público derrochado en las conductas ilegales de desvío de dinero público" derivados para ese fin.

La Moncloa se suma

El Gobierno español también se ha sumado a ese cerco y, a pesar de la estrategia de desinflamación del presidente Pedro Sánchez en materia de asuntos exteriores, opta no por pasar por alto ninguna pieza de esa "estructura de Estado" del independentismo. El Ejecutivo acaba de ordenar a la Abogacía del Estado que presente un recurso contencioso-administrativo contra la apertura de tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez.

El Ejecutivo precisa la necesidad de solicitar medidas cautelares con el objetivo de evitar que se produzcan actividades "perjudiciales para los intereses del Estado" no solo en estas tres embajadas, sino en todas las que se extramiliten en sus funciones. Esta misma vía ha sido la utilizada por Sánchez para impugnar el acuerdo suscrito entre la Consejería de Políticas Digitales y Administración Pública de la Generalitat y el Ministerio de Finanzas de las Islas Feroe. Se trata de un memorándum que la Generalitat publicitó en el marco de sus relaciones internacionales. La Justicia deberá determinar, por tanto, si este convenio invade competencias estatales.

Suiza, referente independentista

La sociedad civil también se moviliza. Catalunya Peuple d’Espagne, entidad presidida por François Meylan dedicada a defender los intereses españoles en el extranjero, impulsó la semana pasada una recogida de firmas para prohibir la presencia de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) --la entidad secesionista es muy activa en este país-- y el cierre de la oficina de la Generalitat en Ginebra.

"Seguimos presionando al Gobierno de Ginebra para que se registren las actividades anormales de Marta Rovira --secretaria general de ERC fugada-- y de ERC en Ginebra. Seguimos recogiendo firmas de personas domiciliadas en Suiza para pedir al Parlamento suizo que cierre la falsa embajada catalana en Ginebra. Estamos lanzando nuestro primer crowdfunding (gastos de abogados y administrativos) que nos permitirá conseguir la prohibición de las actividades de la ANC en Suiza después de dos años", explica esta asociación, que ha logrado que la Unesco intervenga ante los supuestos ataques contra el patrimonio cultural inmaterial y material de España por parte el independentismo catalán.