Los independentistas y Colau tapan sus vergüenzas en vivienda social

A las puertas de la campaña electoral de las municipales y tras una gestión en materia de vivienda cuanto menos errática, las formaciones que dan apoyo al Govern, así como la confluencia de izquierdas que lidera Ada Colau, han impulsado en el Parlament una moción para que Cataluña tenga su propia normativa sobre arrendamientos urbanos. Una propuesta que supondría invadir competencias estatales.

La moción, presentada por ERC en el Pleno y transaccionada con Catalunya en Comú Podem, plantea “impulsar de forma urgente la aprobación de las medidas legislativas pertinentes, en el marco del Derecho Civil de Cataluña, para permitir que Cataluña cuente con una regulación propia del contrato de arrendamientos urbanos que supere las limitaciones de la legislación estatal vigente”. Esta norma autonómica debe permitir “dotar a los ayuntamientos y los demás entes locales de las herramientas necesarias para limitar los incrementos de precios del alquiler de viviendas en zonas de fuerte demanda acreditada” y “disminuir a un máximo de un mes las fianzas de alquiler para uso residencial y de dos meses para otros usos”.

La moción ha sido aprobada con los votos de las dos formaciones negociadoras, los de Junts per Catalunya y la CUP, mientras que PSC, Cs y PP han votado en contra.

vivienda inversion

Porcentaje de inversión de los presupuestos destinados a vivienda: la línea roja señala el tope de las partidas catalanas y la verde, la media española / CG

Ocurre, tal como han denunciado los diputados de Ciudadanos y PSC, Sergio Sanz y Rosa María Ibarra, que esa regulación catalana invade competencias estatales. Ambos parlamentarios han acusado a ERC de “electoralismo”, pues la medida se propone a las puertas de unos comicios municipales en los que tanto los partidos que dan apoyo al Govern como los comunes, que gobiernan la ciudad de Barcelona, han errado en sus políticas de vivienda.

Cataluña, la que menos invierte en políticas de vivienda

Los datos, extraídos del Ministerio de Fomento, del INE y de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat --que gestiona los temas de vivienda-- son elocuentes. Cataluña es la Comunidad que menos porcentaje de su presupuesto autonómico dedica a las políticas de vivienda, apenas un 0,6%, mientras que la media española se sitúa en un 1,2%. La inversión andaluza asciende a un 1%, mientras que Murcia supera el 1,1% y la Comunidad de Madrid es la que más invierte, un 1,53%, el doble que Cataluña.

Cifras, todas ellas, que distan mucho de las destinadas en Francia, Alemania o Países Bajos a las políticas de vivienda, que oscilan entre un 2% y un 3%.

Andalucía gestiona 80.000 viviendas públicas; la Comunidad de Madrid, que tiene menos población que Cataluña, dispone de 18.000, mientras que la Generalitat catalana tiene 15.000 viviendas.

Alimentar el victimismo

A estos datos se ha referido Sanz en su intervención . “Lo que permite la Constitución es conservar o modificar el derecho civil foral o especial allí donde existe, pero no ampliarlo para regular otras materias. Y lo saben porque así se ha expresado también el Tribunal Constitucional. La vivienda, en esta moción es el pretexto que utilizan para crear un nuevo conflicto competencial con el que seguir alimentando su victimismo. Ese es su fin último”, explica el diputado de la formación naranja.

“¿Saben qué indican todos estos datos? --ha añadido Sanz-- Que la Generalitat ha gestionado la vivienda peor que esas otras Comunidades Autónomas. Ha gestionado peor porque las políticas de vivienda no han sido una prioridad política para ningún Govern de la década procesista. Una década en la que hemos visto como el presupuesto destinado a políticas de vivienda se han reducido en dos terceras partes al mismo tiempo que crecían los chiringuitos de propaganda separatista en el exterior”. 

Considera que, con la moción votada en el Pleno, “pretenden excusarse por los malos resultados que presentan. Y aprovechan para sembrar un nuevo conflicto competencial para alimentar el victimismo” y “transaccionar con otro grupo que también tiene que justificar los malos resultados en materia de vivienda, en su caso en el Ayuntamiento de Barcelona”. 

Las promesas de Colau

En efecto, la alcaldesa Ada Colau, líder de los comunes, ganó las elecciones de 2015 gracias a un programa electoral muy centrado en dar soluciones al problema de la vivienda --ella procedía del activismo antidesahucios-- y prometió crear 8.000 pisos públicos. Pero cuatro años después, solo ha construido 800 a pesar de disponer de 82 solares, denuncia la oposición. Asimismo, la cifra de desahucios anuales asciende a 4.000.

Según Carme Trilla, presidenta del Observatori Metropolità de l'Habitatge, para mantener el volumen de población que tiene Barcelona actualmente serían necesarias 250.000 viviendas nuevas de aquí a 2041. Resulta determinante el hecho de que cada vez hay más gente que vive sola. 

Calvet vende vivienda pública

Por su parte, y obviando los acuerdos parlamentarios que instan al Govern a ampliar su parque público de vivienda, el Institut Català del Sòl (Incasòl), empresa dependiente de la Consejería de Territorio cuyo titular es Damià Calvet, volvió a vender terrenos de su propiedad el pasado mes de febrero.

En este caso en Sant Adrià de Besòs (Barcelona). A pesar de que la política de vivienda ha estado durante 32 años en manos de CDC, el parque público de la Generalitat no supera el 2%, muy por debajo de la media europea, que alcanza el 15%. 

En julio de 2018, el Incasòl cerró una operación consistente en la venta de una parcela en Sant Adrià de Besòs a la cooperativa Llar Unió Catalònia, con la finalidad de construir 102 pisos, 52 de los cuales serían de protección oficial, y los 50 restantes tendrían un régimen protegido de precio concertado --unos 3.000 euros por metro cuadrado--. Asimismo, en 2017, el Incasòl --que entonces estaba dirigido por Calvet, quien previamente había trabajado en el sector inmobiliario-- vendió al grupo La Llave de Oro una parcela en Can Sant Joan, en Rubí (Barcelona), con la finalidad de construir una promoción de 38 viviendas.