La incomodidad social de Arrimadas con Vox

Para Ciudadanos no está resultando fácil sincronizar las complicidades del partido con Vox y con las políticas sociales que, en plazas como la catalana, son el caballo de batalla contra un gobierno independentista que ya no da más de sí. El procés catalán está en vía muerta, por lo que el discurso de la oposición no tiene más remedio que aflorar la parálisis de la Generalitat en su acción de gobierno.

El grupo parlamentario de Ciudadanos en el Parlament lo sabe y hace esa labor de control, pero en ocasiones, la estrategia catalana choca con el contundente discurso identitario de su líder, Albert Rivera. Y eso se traduce en acciones contradictorias y, en ocasiones, erráticas. El reciente voto de Cs contra Vox o el apoyo de la formación naranja a las políticas de igualdad de género planteadas por los socialistas en la Cámara autonómica son algunos de los ejemplos de esas dificultades para aunar la estrategia de no confrontación de Rivera respecto a Santiago Abascal con el papel de Arrimadas en la política catalana.

Contra la extrema derecha

“Está claro que Arrimadas está incómoda con los pactos no escritos de Rivera con Vox. Pero eso forma parte del distanciamiento entre ambos”, explican fuentes parlamentarias. Se refieren a lo ocurrido el pasado miércoles, cuando Cs votó a favor de una propuesta de resolución sobre la defensa de las instituciones democráticas frente a la extrema derecha presentada por el PSC en el Parlament. La iniciativa fue aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana. El PP no estaba presente.

“Desde las elecciones al Parlamento de Andalucía del pasado 2 de diciembre de 2018, este espacio político (extrema derecha) cuenta con presencia institucional y resulta aún más urgente que las fuerzas democráticas combatan las ideas y pseudoargumentos que promueven, y que hagan todo lo que esté a su alcance para evitar que puedan condicionar la formación de gobiernos o el diseño y la implementación de políticas públicas, así como para evitar que el discurso del odio obtenga ninguna apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice”, reza la propuesta socialista.

Centrismo liberal

Fue el diputado de la formación naranja, Ignacio Martín Blanco, el encargado de defender la postura de su grupo. Y de dejar bien claro que, a pesar del voto favorable, ese rechazo a los extremismos era “incompleto, asimétrico y desmemoriado”, pues, a su juicio, debería hacerse extensivo a otros partidos como el de Quim Torra, un presidente que ha dado muestras de “xenofobia y etnonacionalismo” al asegurar que los españoles “son bestias con forma humana”.

El voto de Ciudadanos en el Parlament contra Vox

De esta forma, Cs conciliaba el duro discurso de Rivera contra el independentismo catalán con el centrismo liberal y progresista que Inés Arrimadas siempre ha defendido en la Cámara catalana. Lo hizo antes de que se oficializaran los pactos entre Cs y PP en Andalucía, con el apoyo externo de Vox.

Lo que ocurrió en la ejecutiva federal

Desde entonces, Albert Rivera ha evitado la confrontación con el partido de Santiago Abascal. Aseguró que su partido nunca pactaría con Pedro Sánchez, pero nada dijo de Vox. Lo hizo tras la celebración del Comité Ejecutivo de Ciudadanos celebrado el pasado 18 de febrero “en el que se presentaron unos estudios en los que se analizaba la situación política y que daba como resultado un profundo rechazo de nuestros votantes a Sánchez. Y se acordó que nuestro objetivo era echar a Sánchez y anunciar que no pactaríamos con él”, explican a Crónica Global fuentes de la formación naranja. En esa ejecutiva no estaba presente Luis Garicano, candidato de Cs a las elecciones europeas, gurú económico del partido y contrario a esa ruptura de puentes con el PSOE.

“¿Es Vox constitucional?”, fue la preguntada formulada recientemente a Albert Rivera en una entrevista. “Hay que preguntárselo a ellos, pero Sánchez desde luego no lo es”, respondió.

El salto a Madrid

En paralelo, Arrimadas sigue buscando equilibrios entre el enrocamiento de su líder y las presiones de empresarios y sectores sociales que la apoyaron en las elecciones autonómicas de 2017, en la que se proclamó ganadora, aunque el pacto de los independentistas le impidieron gobernar. Desde entonces, se le ha echado en cara que no haya sacado rédito de esa victoria, que no haya visualizado que Cs es un partido con vocación de gobierno, con un programa social y económico para Cataluña.

Inés Arrimadas presenta su propuesta de "feminismo liberal" / CG

Inés Arrimadas presenta su propuesta de "feminismo liberal"

Y lo tiene, pero su salto a Madrid como candidata por Barcelona en las generales ha abundado en esa imagen de abandono del escenario catalán. ¿Recogerá el escaño? Es una incógnita no resuelta.

Feminismo liberal, paternidad, igualdad...

De la incomodidad social de la líder catalana de Cs da fe esa propuesta de  "feminismo liberal" que ella misma presentó con motivo de la celebración del 8M. "Tenía que desmarcarse de las propuestas de la izquierda, sin caer en el seguidismo de Vox y su negacionismo", explican fuentes del ámbito feminista. Sin embargo, Ciudadanos acaba de votar una moción presentada por la diputada del PSC Beatriz Silva sobre igualdad de género --eso sí, con enmienda aceptada de Cs-- en la que se insta al Govern a "poner fin a la reducción de la inversión en políticas de mujeres y elaborar las correspondientes modificaciones presupuestarias para ampliar los presupuestos destinados a las políticas de mujeres desde los 7,9 millones de 2017 hasta llegar a los 16 millones, en un plazo de un año, para garantizar el despliegue de la ley 17/2015 de igualdad efectiva de mujeres y hombres". El pasado miércoles, Rivera, anunciaba que, si es elegido presidente del Gobierno tras las elecciones del 28M, presentará en el Congreso un proyecto de ley "de no discriminación e igualdad de trato".

El grupo parlamentario catalán también ha votado en repetidas ocasiones a favor de ampliar los permisos de paternidad, mientras que en el Congreso, Cs intentaba paralizar esa medida socialista bajo el argumento de que hacerlo mediante decreto ley es inconstitucional. Se pretendían solventar dudas jurídicas, alegaron.