Arrimadas se desmarca de Rivera y vota contra Vox en el Parlament

Desde que PP y Ciudadanos gobiernan en Andalucía con los votos de Vox, el líder de Cs, Albert Rivera, ha intentado soslayar las críticas a este tridente de derechas sin desautorizar a la formación de Santiago Abascal. Rivera afirmó que nunca pactará con el PSOE, pero nada ha dicho sobre Vox. Sin embargo, el grupo parlamentario de Cs liderado en Cataluña por Inés Arrimadas votó ayer a favor de una propuesta de resolución sobre la defensa de las instituciones democráticas frente a la extrema derecha presentada por el PSC en el Parlament. La iniciativa ha sido aprobada en la Comisión de Asuntos Institucionales de la Cámara catalana. El PP no estaba presente.

En la propuesta se insta al Govern “a aumentar los esfuerzos dedicados a las políticas públicas destinadas a la prevención de la xenofobia, el racismo, el antisemitismo, la islamofobia, el antigitanismo, la aporofobia, la homofobia, el machismo o cualquier otra idea que tenga como fundamento la discriminación de ningún grupo o colectivo social, así como la prevención de las ideas totalitarias o los extremismos religiosos.”

En contra de legitimizar la extrema derecha

Asimismo, se hace un llamamiento a “impedir democráticamente que las formaciones de extrema derecha condicionen la formación de gobiernos o el diseño e implementación discurso del odio obtenga ningún apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice”.

En la iniciativa se alude al empuje de la extrema derecha en Europa desde mediados de los años noventa, mientras que en España “no había logrado en los últimos 40 años ninguna implantación notable, más allá de la presencia testimonial en el mundo municipal (en alusión a Plataforma per Catalunya)”. Pero desde las elecciones al Parlamento de Andalucía del pasado 2 de diciembre de 2018, este espacio político cuenta con presencia institucional y resulta aún más urgente que las fuerzas democráticas combatan las ideas y pseudoargumentos que promueven, y que hagan todo lo que esté a su alcance para evitar que puedan condicionar la formación de gobiernos o el diseño y la implementación de políticas públicas, así como para evitar que el discurso del odio obtenga ninguna apariencia de legitimidad, se normalice o se banalice”.