El proyecto estrella del Govern en vivienda se puso en marcha con el 155

La urgencia social y la constatación de que vuelve a existir una burbuja inmobiliaria ha obligado a las administraciones a movilizarse. Así, mientras que el Gobierno español desbloquea la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) aprobada por el PP en 2013, la Generalitat ha anunciado líneas de ayudas a la promoción de alquiler social.

Se da la curiosa circunstancia de que, en el caso catalán, se trata de una iniciativa que está en marcha desde abril, es decir, cuando todavía estaba vigente el artículo 155 de la Constitución –se levantó a principios de junio tras la constitución del Gobierno catalán--. Una intervención estatal muy criticada por los independentistas, pero que, como se puede comprobar, no implicó una parálisis en el funcionamiento de los servicios públicos como han denunciado Junts per Catalunya y ERC.

Un parque público que no supera el 2%

Tal como informó Crónica Global, aunque la Generalitat tiene transferidas las competencias en materia de urbanismo y vivienda desde 1980, el parque público de vivienda social en Cataluña no alcanza el 2%, muy por debajo de la media europea, un 15%. Un porcentaje muy bajo, como admitían ayer los responsables de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, empresa pública dependiente de la Consejería de Territorio y Sostenibilidad. Su titular, Damià Calvet (PDeCAT), así como el vicepresidente económico, Pere Aragonés (ERC), informaron ayer de las medidas aprobadas por el Govern para hacer frente al problema de acceso a la vivienda por parte de personas en situación de emergencia social.

Una de esas iniciativas consiste en una línea de ayudas dotada con 140 millones de euros destinadas a los promotores de vivienda con sede operativa en Cataluña que construyan en algunos de los 152 municipios con demanda acreditada. La idea es financiar la construcción de 1.000 viviendas nuevas con un máximo de alquiler de 450 euros al mes.

Curiosamente, la Generalitat admite que esta línea está en marcha desde abril, cuando todavía estaba vigente el 155. Junto a esta partida, la Generalitat impulsa otra de 110 millones para la adquisición de pisos destinados a alquiler social. La ayuda se dirige a oenegés, entidades del sector público, promotores sociales y entidades para que puedan financiar la adquisición de pisos con este préstamo. “Esta actuación permitirá incrementar el parque de vivienda social en Cataluña”, ha afirmado el vicepresidente económico Aragonés.

En manos de CDC

La gestión de la vivienda en Cataluña ha estado en manos de CDC durante 31 años. Damià Calvet acaba de asumir este negociado como nuevo consejero de Territorio, tras dirigir el Institut Català del Sòl (Incasòl) desde 2013. Precisamente ayer, la Comisión de la Sindicatura de Cuentas del Parlament analizó un informe sobre la gestión del Incasòl. Especialmente críticos fueron los diputados de Catalunya en Comú y Ciudadanos Jéssica Albiach y Sergio Sanz sobre los contratos irregulares suscritos ese año por el Incasòl con la empresa Teyco, propiedad de la familia Sumarroca, muy vinculada a CDC.

La propia Sindicatura vio indicios de delito y remitió sus conclusiones a la Fiscalía, que acabó archivando el caso. Sanz ha subrayado el hecho de que el Incasòl no reclamara a la Generalitat en 2013 el pago de una subvención de más de 40 millones de euros, lo que se saldó con un balance contable negativo. El diputado de la formación naranja denunció también la falta de transparencia en la contratación y la venta de parcelas que eran propiedad del Govern, lo que, a su juicio, ha contribuido a mantener el parque público de vivienda social en unos porcentajes mínimos.

Especulación inmobiliaria

Por su parte, Albiach consideró preocupantes los "hechos perseguibles administrativa y judicialmente" que el Síndic detectó en el Incasòl, un organismo público que la diputada de los comunes acusa de fomentar la especulación inmobiliaria mediante la permuta de terrenos. También se ha referido a los casos judiciales en los que se vio envuelto Calvet antes de ser nombrado consejero.

También el Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau, ha realizado sus propuestas en materia de vivienda. Lo ha hecho tras la imposibilidad de cumplir las promesas electorales en lo que respecta a la creación de pisos protegidos.

La propuesta de Colau

Colau aboga por reservar un 30% del aprovechamiento de cualquier solar a protección oficial en régimen de alquiler. Una medida contraproducente, según la oposición municipal, pues provocaría una fuga de promociones a otros municipios metropolitanos, lo que incrementaría el precio de los pisos en Barcelona.

Por su parte, el PSC presentó ayer una propuesta de resolución sobre la ocupación de viviendas en Cataluña que contempla la elaboración de un censo de pisos vacíos para exigir su puesta en circulación. La medida está dirigida principalmente a los bancos para que regularicen la situación de esos pisos mediante contratos de alquiler social para las personas vulnerables.

La propuesta del PSC prevé la creación de la figura del domicilio en ausencia, un registro voluntario gestionado por los cuerpos policiales, al que podrían acudir aquellos propietarios residentes que, por razones profesionales o personales, dejen su piso vacío durante un máximo de 18 meses.