Doble jugada de Puigdemont: ser investido y cargarse a Torrent

Lo dicho: una pantomima. La oposición política ya auguró que la investidura de Jordi Sànchez era una pérdida de tiempo para eternizar el procés. De hecho, tanto PDeCAT como ERC habían admitido que esta segunda intentona solo pretendía dejar en evidencia al juez Pablo Llarena, mientras que Carles Puigdemont, envalentonado tras la decisión de la justicia alemana de dejarle en libertad, hace valer más que nunca su condición de “presidente legítimo”. Así lo dicen Junts per Catalunya, la CUP e incluso la Assemblea Nacional Catalana (ANC), la entidad independentista que en su día presidió el propio Sànchez.

El nuevo candidato fallido ya había sido propuesto el pasado 5 de marzo, pero Llarena ya rechazó entonces su puesta en libertad provisional. Volvió a hacerlo ayer, extendiendo esa negativa a la posibilidad, pedida por el abogado del encarcelado en Soto del Real, de conceder un permiso carcelario o la asistencia al pleno de investidura mediante videoconferencia.

Ya no hay planes D, E o F

Puigdemont, lo dicen fuentes de PDeCAT, ya no piensa en planes D, E o F que pasen por nuevos candidatos a la presidencia de la Generalitat. Ni ERC ni la nueva Convergència parecen estar dispuestos a dar el paso y exigir una oportunidad para salir del bloqueo. Y menos ahora, tras los pronunciamientos de la justicia alemana y del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre los “derechos políticos” de Sànchez, convenientemente interpretados a la medida de las tesis secesionistas.

El exalcalde de Girona pretende ser investido y si al mismo tiempo logra que el presidente del Parlament, Roger Torrent, sea acusado de desobediencia, la jugada ya sería perfecta. Torrent, que suma enteros como futuro líder o presidenciable de ERC, no ha cometido hasta ahora ninguna ilegalidad. Y no está dispuesto a hacerlo. Así lo ha advertido en sus continuos llamamientos a formar un gobierno estable y evitar que los diputados catalanes sean perseguidos judicialmente. Hasta ahora ha secundado recursos y apelaciones a organismos internacionales que, más allá de apoyar las maniobras propagandísticas de los independentistas contra el supuesto “Estado opresor”, son inocuas desde el punto de vista penal.

Reforma exprés

Pero Puigdemont es tozudo y le queda un as en la manga: la reforma exprés de la ley de presidencia y del Govern cuyo objetivo es permitir que el cabeza de lista de JxCat pueda ser investido a distancia. Esta reforma ha sido admitida a trámite por la Mesa del Parlament, pero todavía no ha sido aprobada en el pleno. No hay fecha para ello, pero el reglamento del Parlament reformado en la pasada legislatura –otra treta independentista para allanar el terreno a sus leyes de ruptura—permite esa vía de urgencia.

Otra cosa es que se aplique, pues es ahí donde Torrent se juega la inhabilitación. Junts per Catalunya acaba de enmendar su propia reforma de la ley de presidencia con el objetivo de hacer extensivo este sistema de investidura a distancia a otros miembros del Govern para que puedan ser nombrados y operar desde el extranjero. Se mantiene, por tanto, la peregrina idea de crear un “gobierno en el exilio” --el Espai Lliure de l’exili integrado por la Asamblea de Representantes, un Consejo y y la residencia del Consejo).

La oposición parlamentaria solo ve positivo que el reloj comenzara a correr tras la investidura, también fallida pero votada, de Jordi Turull. Los independentistas tienen de plazo hasta el 22 de mayo para ponerse de acuerdo. Si no, elecciones el 15 de julio.