Trifulca universitaria por la fiscalización de Montoro

La decisión del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de fiscalizar el dinero público pagado por el Govern a diversas empresas y activistas del procés ha provocado un gran revuelo en la comunidad universitaria. En su requerimiento, tal como informó Crónica Global, Montoro incluye la petición de información sobre entidades y publicaciones de carácter científico. Esta medida ha sido duramente criticada por el decano de la Facultad de Derecho de la Universitat de Barcelona (UB), Xavier Pons, quien ha pedido al rector, Joan Elias, que denuncie “ante las instancias que sean oportunas, cualquier ataque, de cualquier procedencia, contra la libertad académica e investigadora”.

El Ministerio reclama los detalles de las subvenciones y ayudas a esos colaboradores y empresarios afines al procés desde 2015. La fiscalización de Hacienda incluye “becas, artículos y capítulos de libros” con cargo a los fondos de la Generalitat o del Instituto de Estudios de Autogobierno, “identificando la partida presupuestaria a partir de la cual se realizó el pago, asi como la totalidad del expediente de gasto”. La Revista Catalana de Derecho Público, dirigida por Enoch Albertí, merece una concienzuda atención por parte de Montoro.

"Consideraciones de carácter político"

El decano de Derecho de la UB advierte en su carta de que la libertad de investigación “no debe ser, en ningún caso, condicionada, limitadas o sometida a consideraciones de carácter político” o a “actuaciones que denotan cortedad de miras y un perspectiva sesgada”.

La carta del decano de Derecho no ha pasado desapercibida en la comunidad universitaria. La catedrática de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona y Catedrática de Jean Monnet ad personam, Teresa Freixes ironiza sobre la resistencia que, en su opinión, remuestra Xavier Pons a la transparencia académica.

“Sorprende, por ello, la extrañeza del Decano de Derecho respecto de esa otra solicitud, máxime cuando parece que la interpreta como elemento de presión o de censura sobre la libertad de cátedra. Y más cuando, en las informaciones que la mayor parte de órganos de investigación, universidades, etc., en el extranjero, hacen públicas en sus páginas web los proyectos que abordan, quienes los realizan y con cuánto dinero cuentan para hacerlo, describiendo fidedignamente la procedencia de la financiación”, indica la catedrática en su cuenta de Facebook.

Y añade: “Parece como si la universidad no quisiera entrar en esas buenas prácticas, derivadas de la transparencia y la accountability, como estructuras básicas en el Estado democrático y social de Derecho. La autonomía universitaria, efectivamente, ampara la creatividad, el trabajo intelectual y la búsqueda de financiación adecuada. No veo cómo puede verse constreñida porque se tenga que certificar la procedencia de determinadas subvenciones”.