Los comunes abren paso al gobierno telemático de Puigdemont

El debate sobre el pretendido gobierno telemático de Carles Puigdemont se ha hecho extensivo al Ayuntamiento de Barcelona. El rechazo de los independentistas y la abstención de Barcelona en Comú ha impedido que prosperara una propuesta del PSC a favor de la presencia física de cargos del Govern y del Parlament en consorcios o fundaciones donde participa el consistorio.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Barcelona, Carmen Andrés, presentó ayer una propuesta de resolución en la Comisión de Presidencia, Derechos de Ciudadanía, Participación, Seguridad y Prevención en la que se instaba al Parlament a que “cualquier acción de los cargos institucionales establecidos en el Estatut y que configuren la Generalitat y el propio Legislativo sea presencial, tanto en la aceptación del cargo como en la acción del gobierno”.

Los socialistas proponían que ese cargo se ejerza “en plenitud de sus responsabilidades, para garantizar unos interlocutores válidos con el ayuntamiento y con garantías efectivas de estabilidad y de gestión de los recursos, así como con capacidad real de negociación con este consistorio”.

Consorcios, fundaciones, asociaciones...

Recordaba la concejal Carmen Andrés en su escrito que el ayuntamiento participa en la toma de decisiones “en ámbitos en que se puede ver afectado” por la ausencia física de cargos del Parlament y de la Generalitat. A modo de ejemplo, menciona consorcios, fundaciones y asociaciones donde participan tanto el consistorio como la Generalitat –Consorcio de Educación de Barcelona, Consorcio Sanitario de Barcelona, Fundación Mobile World Capital, Consorcio Fira de Barcelona, Agencia Local de Energía y Fundación privada Hospital de la Santa Creu i San Pau, entre otros--.

Asimismo, el PSC consideraba en su escrito que “es preceptivo y necesario respetar y considerar positivamente las determinaciones de los letrados del Parlament”.

El acuerdo, que se debatió justo el mismo día en que se constituía el nuevo Parlament, contó con el apoyo de PP y Ciudadanos, mientras que PDeCAT y ERC votaron en contra. Barcelona en Comú, el partido al que pertenece la alcaldesa Ada Colau, se abstuvo, por lo que, finalmente, la propuesta no prosperó.