La Ciudad de la Justicia, en L'Hospitalet de Llobregat | CG

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Política

Congelar plantillas para catalanizar la Justicia

La Generalitat mantiene su rechazo a las 500 plazas que ofrece el Estado para cubrir vacantes de las oficinas judiciales de Cataluña

10 mayo, 2017 00:00

La renuncia de la Consejería de Justicia a convocar un concurso de 503 plazas ofrecidas por la Administración central supone un portazo a las reivindicaciones del mundo judicial, donde la falta de personal y la precariedad laboral son denunciadas tanto por funcionarios como por los jueces. Detrás de ese rechazo a crear plazas libres está el deseo de la Generalitat de frenar la movilidad de los empleados públicos, favoreciendo las pruebas de acceso de los interinos a titulares.

Esta medida no agrada a los sindicatos de funcionarios, pues no solo consolida las plantillas habituales sino que esconde un intento de catalanizarlas mediante la valoración de los servicios prestados.

Rechazados 500 empleos

Así, el departamento de Justicia de la Generalitat cuyo titular es Carles Mundó (ERC) informó el año pasado que renunciaba a esas 503 plazas. La convocatoria lleva retraso y, finalmente, saldrá publicada en septiembre próximo. Este departamento no ha querido hacer valoraciones al respecto para este diario. 

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) niega que exista tanta movilidad. Según los datos facilitados a Crónica Global, el porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio admitidos en 2008 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 43%, cifra que en el caso del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa se reduce a un 20%, mientras que en el del cuerpo de Gestión Procesal asciende a un 50%.

Asimismo, el porcentaje de funcionarios del cuerpo de Auxilio aprobados en 2010 que ya no prestan servicio en Cataluña es un 23%; en el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, un 35%, y en Gestión Procesal, un 27%.

Perplejidad judicial

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cifran la plantilla total de funcionarios judiciales en unos 6.000 empleados en toda la comunidad de los que más del 40% son interinos. El departamento de Justicia se queja de que, transcurridos los dos años en los que los funcionarios han de permanecer obligatoriamente en su destino, más de 50% deciden abandonar Cataluña.

Los jueces y magistrados catalanes no acaban de comprender la posición de la Generalitat y recuerdan que hay partidos judiciales en lo que se conoce como “la Cataluña interior” en los que, o falta personal o toda la plantilla de funcionarios son interinos. Prescindir de 500 nuevos empleos parece un lujo que ninguna asociación judicial alcanza a entender.