El pacto de investidura sobre la amnistía fiscal es una farsa

“Inaplicable”, “inconstitucional”, “populista”… Así califican expertos en derecho fiscal el acuerdo entre PP y Ciudadanos para recuperar los 2.500 millones de euros que Mariano Rajoy pretendía recaudar con la amnistía fiscal impulsada en 2012. Este objetivo, incluido en las 150 reformas que ambas formaciones han pactado de cara a la investidura del líder popular que se celebra hoy por la tarde, ha causado perplejidad en este sector, pues según advierten, modificar ahora las condiciones de esa amnistía vulnera un principio fundamental de la Constitución, como es la seguridad jurídica.

Asimismo, el plazo para que caduque esa hipotética revisión finaliza el 30 de noviembre –habrán pasado los cuatro años que se dieron de plazo--, por lo que difícilmente podrá aplicarse y/u obtener resultados. A los expertos consultados por Crónica Global les resulta igualmente sorprendente que el ideólogo de esa reforma sea un inspector de Hacienda muy respetado por sus compañeros, Francisco de la Torre, que fue número 2 de la lista de Ciudadanos por Madrid.

La amnistía fiscal aprobada en 2012 por el Gobierno del PP preveía un tipo nominal de tributación del 10% del capital o del dinero en efectivo oculto. De esa tributación quedaban exentos los intereses generados.

De esa forma, se pretendía tapar un agujero de 2.500 millones de los presupuestos generales del Estado. Sin embargo, la crisis económica había provocado un descenso del capital lo que, unido al miedo a dar una mala imagen y la objeción política de muchos contribuyentes, provocó que el Ministerio de Hacienda no recaudara las cifras previstas. La tributación efectiva no superó el 2% del capital depositado en el extranjero.

Nuevas instrucciones

Por ello, la Dirección General de Tributos emitió una serie de instrucciones interpretativas en las que se precisaba que para acceder a la amnistía fiscal era suficiente con tributar por los ejercicios no prescritos, es decir, desde 2008 en adelante. Quedaban de nuevo exentos los intereses devengados.

Ahora, la revisión planteada por PP-C’s, según fuentes del sector, exigiría a los contribuyentes declarar también por los intereses y rendimientos desde 2008, incluidos aquellos que declararon solo el capital.

“Es una aberración desde el punto de vista técnico y jurídico. Dudo de que modifiquen la normativa retroactivamente como parece que quieren hacer. Pero si lo hacen, será una auténtica aberración y los tribunales lo tumbarán”, afirma un especialista en Derecho Tributario. Ironiza respecto a la gran cantidad de trabajo que tendrá el colectivo de asesores fiscales si entra en vigor esa reforma. Algo improbable, dado que ni la investidura de Rajoy que comienza hoy está garantizada.