Los ideólogos de Puigdemont descartan la independencia en 18 meses

Aunque la consigna es insistir en el mensaje de que Cataluña será independiente en 18 meses, para no defraudar al electorado, miembros del núcleo duro del presidente Carles Puigdemont relativizan ese plazo y admiten en reuniones celebradas en Palau que el proceso va para largo. Y que no pasa nada si la legislatura se agota en cuatro años, como venía siendo habitual antes de que Artur Mas se lanzara a adelantar elecciones cada dos años.

Teorizar sobre la desconexión

El motivo es que Convergència ha ordenado máxima prudencia jurídica en el proyecto secesionista con la finalidad de minimizar las impugnaciones del Gobierno español. Los ideólogos del secesionismo que asesoran a Puigdemont centran todos sus esfuerzos en ese objetivo. Pero, según ha podido saber Crónica Global, en determinados departamentos crece la inquietud ante la parálisis existente en la acción de gobierno. Un ejemplo de ello se va a poner de manifiesto en el Pleno sobre emergencia social que mañana comienza en el Parlament, donde Puigdemont deberá responder por su inexistente lucha contra la pobreza. Se trata de un ámbito transversal que compete a los departamentos de Economía y de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, ambos en manos de ERC, así como el de Educación, que controla CDC.

Parar los golpes

Los republicanos tienen la sensación de estar parando los golpes dirigidos al presidente Puigdemont, pues mientras éste y su guardia pretoriana se dedican a teorizar sobre la ruptura con España, las consejerías más implicadas en la acción de Gobierno no avanzan en cuestiones tan importantes como la sanidad pública y las finanzas públicas. Mientras Toni Comín se ha ganado la animadversión del sector sanitario en un tiempo récord, Oriol Junqueras está abocado al fracaso en dos temas de profundo calado: los presupuestos de la Generalitat de 2016, pues no encuentra socio parlamentario que le apoye, y la hacienda catalana, que no arranca.

Ni arrancará, si se atiende al ritmo de la ley que tiene que regular la independencia fiscal. Tanto esta norma como las de transitoriedad jurídica y de Seguridad Social ni siquiera han comenzado a tramitarse en el Parlament, donde la comisión de trabajo creada a propuesta de Junts pel Sí y la CUP e impugnada ante el Tribunal Constitucional por el Gobierno ha sido aplazada en varias ocasiones.