El TC suspende las "estructuras de Estado" de Mas

Nuevo golpe a una de las máximas prioridades del presidente de la Generalidad, Artur Mas, y sus aliados de ERC en relación a su proyecto secesionista: las nuevas "estructuras de Estado" que pretenden impulsar ambos partidos desde el Gobierno autonómico. Después de que el Gobierno recurriera ante el Tribunal Constitucional (TC) hace apenas 15 días los artículos de la ley autonómica que debía desarrollar estas nuevas "estructuras de Estado", ahora el Alto Tribunal ha admitido el recurso, con lo que la normativa queda automáticamente suspendida.

El TC ha admitido a trámite este lunes el recurso presentado por el Ejecutivo el pasado día 12 contra diversos artículos y disposiciones de la Ley 3/2015 de Medidas Fiscales, Financieras y Administrativas del Parlamento autonómico de Cataluña, que el Gobierno considera que vulneran competencias de la Administración General del Estado.

En concreto, se trata de los artículos 69 y 95 y las disposiciones adicionales 22, 23, 24, 25 y 26 de la citada ley, que quedan automáticamente suspendidas cautelarmente, a la espera de que el TC se pronuncie sobre el fondo del recurso, por un periodo inicial de cinco meses. Pasado este plazo, el Alto Tribunal puede decidir levantar o prorrogar la suspensión.

El TC ha trasladado su resolución al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalidad y al Parlamento Autonómico, que tienen ahora un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.

Las "estructuras de Estado" suspendidas

Los artículos y disposiciones ahora suspendidos pretendían impulsar diversas "estructuras de Estado". Concretamente, la denominada "hacienda propia"; el "inventario del patrimonio de las Administraciones Públicas de Cataluña"; el "catálogo de infraestructuras estratégicas"; la "creación de la Agencia Catalana de Protección Social"; el "Plan director relativo de los sectores de la energía, las telecomunicaciones, los sistemas de información y los transportes ferroviarios", y la atribución de competencias en materia de navegación aérea al Servicio Meteorológico de Cataluña.

En su recurso, el Ejecutivo señalaba que la normativa ahora suspendida se basa en "una condición inconstitucional y antiestatutaria, como es la creación de un Estado catalán sin el cumplimiento de los procedimientos exigibles para tal reforma, y sin participación alguna del Estado".

Al anunciar el recurso, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sánez de Santamaría, ya explicitó que los preceptos recurridos pretendían "sentar las bases para la creación de las llamadas por la Generalidad estructuras de Estado", y que estos "tienen por objeto posibilitar que, en caso de una separación, se asuman funciones propias del Estado". "Estas previsiones se hacen para un supuesto inconstitucional como sería esa separación unilateral de Cataluña del Estado español", indicó entonces.

Vulneración de innumerables preceptos constitucionales y estatutarios

De forma más detallada, con la "hacienda propia" la Generalidad reconoce que pretende "gestionar todos los impuestos catalanes, incluidos los que recaen sobre el tráfico exterior", lo que vulnera las competencias constitucionales reservadas a la Administración General del Estado en materia de administraciones públicas, relaciones internacionales, soberanía, autonomía e igualdad de los españoles, entre otras.

En cuanto al "Inventario del patrimonio de las administraciones públicas de Cataluña", el Gobierno indica de que "se trata de dividir y reasignar los activos y pasivos de las administraciones públicas afectadas" y advierte de que no es legal inventariar los bienes de la Administración General del Estado bajo la premisa de que "en alguna ocasión u oportunidad" puedan pasar a ser patrimonio de una Cataluña independiente.

En lo relativo al "Catálogo de infraestructuras estratégicas", la Generalidad pretende regular, entre otros, "los sectores del agua y la energía, sin excluir los aeropuertos y puertos de interés general y las telecomunicaciones" para "garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento de las infraestructuras estratégicas de Cataluña en caso de desconexión legal con el Estado". Esto sería inconstitucional porque la Generalidad no tiene competencia sobre las infraestructuras estatales.

Romper la "caja única"

La creación de la "Agencia Catalana de Protección Social" pretende asumir las competencias de la Seguridad Social en Cataluña, lo que rompería el principio de "caja única" que establece la legislación básica de ese ámbito.

Mientras que el "Plan director relativo a los sectores de la energía, de las telecomunicaciones y los sistemas de información y del transporte ferroviario" vulnera toda una serie de competencias estatales en esos sectores.