Francia pide en los tribunales la disolución de una asociación por plantear la secesión de una parte del territorio nacional

A diferencia del Estado español, la República francesa no tiene complejos frente al independentismo. Las autoridades francesas han llevado ante los tribunales a una asociación que, coincidiendo con el 9N, pretendía organizar una consulta en el departamento de los Pirineos Orientales para promover la secesión de este territorio y su posible anexión a una Cataluña independiente.

Según recoge el diario L'Indépendant de Perpiñán, la Prefectura de los Pirineos Orientales (el equivalente a la Delegación del Gobierno) reclama la disolución del denominado 'Comité para la autodeterminación de la Cataluña del Norte' porque el objetivo de esta entidad es "la separación del departamento del territorio nacional"

Construir "la gran Cataluña" independiente

La Prefectura justifica su demanda porque la consulta suponía un "atentado a la integridad del territorio nacional" francés, y reprocha a la asociación que sostenga en sus estatutos que "la dominación de la República Francesa sobre el pueblo de Cataluña del Norte conduce al paro masivo, al éxodo de los jóvenes, al aumento de la pobreza, a una caída del nivel de vida y a la destrucción del tejido económico".

La consulta pretendía plantear a los cerca de 300.000 electores del departamento dos cuestiones. La primera era si estaban a favor de "la gran Cataluña, que reuniría la Cataluña del Sur y la Cataluña del Norte en un solo Estado independiente y soberano". La segunda era si querían que "la Cataluña del Norte", por sí sola, se convirtiera en un Estado independiente y soberano.

Los responsables de la consulta muestran su enfado

Los responsables de la entidad han mostrado su enfado con la actitud de las autoridades francesas. Tanto el presidente del comité, Robert Casanova, como su secretario general, Gérard Lenfant, han denunciado que se trata de un procedimiento "liberticida" y han considerado que "no hay motivos" para la disolución de la asociación porque no atenta contra el carácter republicano del Estado francés.

Casanova y Lenfant alegan que la ONU "proclama el derecho de todos los pueblos a disponer de ellos mismos", que la libertad de expresión y de asociación está protegida por la Declaración Universal de Derechos Humanos, en particular para las minorías, y que "la jurisprudencia europea permite a cualquier ciudadano contestar el orden establecido". Además, han subrayado que se habían querido desmarcar de todos los partidos políticos porque su objetivo era "que se movieran las cosas a este lado de la frontera".