La ex diputada de ICV en el Congreso Núria Buenaventura

La ex diputada de ICV en el Congreso Núria Buenaventura

Política

El fiscal pide ocho años y medio de inhabilitación para la secretaria de Organización de ICV por prevaricación

A instancias de la Federación de Caza y de las recomendaciones del Síndic de Greuges, Núria Buenaventura -cuando era directora de Medio Natural de la Generalidad- autorizó como prueba "experimental" la caza de aves protegidas con liga, un tipo de pegamento con el que se impregnan los árboles para que los pájaros queden adheridos.

12 junio, 2014 11:28

La Fiscalía de Barcelona pide una pena de ocho años y medio de inhabilitación de cargos públicos para la ex diputada en el Congreso y secretaria de Organización de ICV, Núria Buenaventura, por autorizar la caza ilegal de aves protegidas cuando era directora de Medio Natural de la Generalidad.

El fiscal de Protección de Fauna y Flora de Barcelona, Miguel Ángel Pérez de Gregorio, sostiene, en su escrito de calificación provisional, que Buenaventura aprobó una resolución en julio de 2009, a instancias de la Federación de Caza y de las recomendaciones del propio Síndic de Greuges, por la que se permitía, como prueba "experimental", la caza de pájaros con liga, un tipo de pegamento con el que se impregnan los árboles para que las aves queden adheridas.

Según Pérez de Gregorio, la dirigente ecosocialista sabía "en todo momento" que se trataba de una medida "totalmente arbitraria y claramente contraria a la legislación catalana, estatal y europea". "En este punto, no puede pasar por alto que Rafael Ribó, el Síndic de Greuges de Cataluña, es una de las figuras clave del partido ICV, al que pertenece la acusada", remacha el fiscal.

3.374 licencias para una modalidad de caza prohibida

La acusación de la Fiscalía incide en el hecho de que la resolución adoptada por la secretaria de Programa y Coordinación Institucional de ICV no fue inscrita en ningún diario ni boletín oficial, al tiempo que subraya que fue resultado de la presión ejercida por el colectivo de cazadores, quienes a su vez remitieron su queja a Ribó por haber prohibido inicialmente esa modalidad de caza.

Pérez de Gregorio señala, en consecuencia, a Buenaventura como autora de un presunto delito de prevaricación cuando ocupaba un alto cargo durante el segundo tripartito, tiempo en el que concedió 3.374 licencias excepcionales para la caza de fringílidos (un tipo de ave) con pegamento.