Piden cinco años y medio de cárcel para Matas y Solà por "saqueo patrimonial"

La Fiscalía ha pedido cinco años y medio de prisión e inhabilitación absoluta durante siete años para el ex secretario general de la Associació Catalana de Municipis (ACM) Josep Maria Matas y su ex jefe de servicios jurídicos y ex número dos de la Consejería de Cultura regentada por Ferran Mascarell en la pasada legislatura autonómica, Francesc Xavier Solà, por haber saqueado presuntamente los fondos de esta entidad que agrupa ayuntamientos gobernados por CiU.

Tal y como resolvió en octubre el juzgado de Instrucción número 17 de Barcelona, también el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled ha acusado a los ex dirigentes de CDC de malversación de fondos públicos y falsedad documental "prevaliéndose de su control directo y en la práctica omnímodo sobre los mecanismos de contratación y gasto" de este ente municipalista.

Las conclusiones del fiscal suponen el penúltimo paso para que Matas y Solà se sienten en el banquillo de los acusados, una vez cerrada la fase de instrucción y a la espera de que se pronuncien el resto de acusaciones.

"Saqueo patrimonial" de la ACM

Según la calificación de Sánchez Ulled, Matas y Solà interpusieron sociedades instrumentales para contratar y facturar gastos inflados o directamente falsos que contribuyeron al "saqueo patrimonial" de la ACM, amén de concederse sueldos desproporcionados para enriquecerse ilícitamente a costa de la entidad.

El fiscal exige a ambos una indemnización por los importes sutraídos mediante la "facturación mendaz". En concreto, unos 772.000 euros a Matas y 189.000 a Solà, además de los ya citados sueldos sobredimensionados. Considera asimismo que, si los fondos de la ACM son públicos, los ex dirigentes incurrieron en delitos continuados de malversación impropia de caudales públicos y de falsedad en documento mercantil. En caso de que los fondos sean privados, se les debe imponer, según Sánchez Ulled, una pena por apropiación indebida.

Según relata el escrito, la ACM es una agrupación voluntaria de municipios y comarcas que se autodefine como nacionalista y tiene como objetivo defender y promover a los entes locales que la componen. De carácter privado, esta asociación se nutre, no obstante, íntegramente de las subvenciones de la Generalidad y de las aportaciones de los municipios que la integran, todos ellos controlados por CiU.