CDC fija la "política migratoria propia" de un eventual Estado catalán

La fundación Nous Catalans, entidad sectorial de inmigración vinculada a CDC, propone regular una "política migratoria propia" que, en caso de secesión, supedite "la futura obtención de la nacionalidad catalana" a "un conocimiento mínimo de lengua, historia y cultura catalanas" y a la acreditación de una residencia continuada de un mínimo de cinco años en general y de dos para los ciudadanos provenientes de los llamados "Països Catalans".

Un informe titulado "Cataluña, nuevo Estado independiente de Europa", realizado por la fundación que dirige Àngel Colom (CDC) y presentado este sábado en la Casa del Mar de Barcelona, glosa los requisitos que deberían cumplir quienes aspiraran a convertirse en ciudadanos de pleno derecho en una hipotética Cataluña independiente. Además de por esta eventualidad, el documento viene justificado por el "bajo índice de natalidad de los catalanes" y se propone "asegurar el crecimiento industrial y económico" de Cataluña.

Revalidar la legislación española

Con el objeto, pues, de "seguir atrayendo nuevos ciudadanos", el documento esboza las pautas generales que determinarían la asunción de la eventual "ciudadanía catalana". Así, por ejemplo, los inmigrantes del supuesto Estado catalán deberían "respetar valores como la igualdad de género, la libertad individual, la democracia, el respeto a los derechos humanos o la lucha contra el racismo y la xenofobia".

El texto plantea asimismo la exigencia de acometer "un proceso extraordinario de reconocimiento de la situación legal" de los inmigrantes que "acreditasen la residencia permanente, trabajo e integración" cuando, y siempre según el supuesto de la independencia de Cataluña, todavía estaban al amparo de la legislación española, con la intención de certificar los trámites y convenios que mantiene España con otros países en materia de inmigración.

Pero la manida retórica de los derechos humanos se muestra en todo su esplendor cuando los autores del informe sostienen que deberían sustituirse los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), -reiteradamente denunciados por el Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos- por otros centros "humanamente dignos" y "gestionados por entidades sociales".

Estado del Bienestar para todos

La "ciudadanía catalana" sería, en fin, adquirible siempre y cuando pudiera acreditarse el conocimiento de la lengua y cultura catalanas y cinco años de residencia continuada, en ciudadanos de terceros países –pues en principio, según este documento, no afectaría a los ciudadanos de España- y sólo dos años en ciudadanos de los así llamados "Països Catalans".

"En nuestro país [por Cataluña], el reto más importante será garantizar la plena integración social, cultural y económica de los nuevos catalanes", reza al texto, que añade que, "con un Estado propio, [los inmigrantes] se beneficiarían como todos del hecho de disponer de más recursos públicos para dedicar a las políticas sociales. [...] Más recursos porque dejaría de existir el actual déficit fiscal con el Estado español, y por lo tanto el Estado propio sería auténtica garantía del Estado del Bienestar", se argumenta.

El texto dicta, finalmente, toda una declaración de intenciones:

"A diferencia del Estado español, en [una] Cataluña [independiente] se seguirá garantizando la cobertura sanitaria para todos los que estén empadronados. [...] En Cataluña sabemos muy bien qué significa ser una cultura minoritaria y no ser respetada. En nuestra casa, por tanto, se garantizaría el respeto a todas las identidades y creencias minoritarias que conviven en nuestro país [por Cataluña], y las políticas migratorias deberían asegurar el respeto a los derechos humanos y a la lucha contra el tráfico de personas, la xenofobia y el racismo".