Lo que ha acontecido con la sede de Mediapro es un asunto que, como muchos otros en Barcelona, deja más preguntas que respuestas. El conglomerado audiovisual que pilota Jaume Roures ha cambiado de casero, pues la sociedad propietaria de su cuartel general en el número 177 de la avenida Diagonal ha pasado a manos de un servicer del inmobiliario con sede en Luxemburgo. No es algo estrictamente nuevo, pues el llamado Edificio Imagina, parte del discutido Media Parque Barcelona ya había terminado en el portafolio de Hines por medio de un fondo específicamente creado en el Gran Ducado. 

Lo que persiste son las dudas. El rascacielos que se eleva a la sombra de la Torre Glòries fue parte del proyecto Parque Barcelona Media, que pretendía transformar un antiguo recinto fabril en un campus de la comunicación con participación del grupo que fundaron Roures, Tatxo Benet y Gerard Romy, el Ayuntamiento de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). Se pergeñó a mediados de los 2000. 

El proyecto se acometió con retraso, pero finalmente se inauguró como una de las piezas urbanísticas del 22@, y los operadores se trasladaron a la zona. Aquí se abrieron las dudas. Cuestiones que la Administración local jamás ha atinado en responder. Mediapro impagó el canon de cesión del espacio. Lo hizo durante años y sin aparente oposición judicial de los gobiernos municipales. A todas luces, la todopoderosa compañía audiovisual se convirtió en inquilino-okupa. 

Este medio explicó en 2016 y 2017 que la deuda de Mediapro con el ayuntamiento llegó a los dos millones de euros, y a los 3,4 millones, después. El impago tuvo lugar pese a que fue la Administración local había costeado los 16,8 millones de euros que costó el edificio. La enseña de Roures se comprometió a generar rendimientos de 150.000 euros, primero, y 250.000 euros, después, a las sociedades mixtas que gestionaron el complejo. 

Cantidades nada estratosféricas si se tiene en cuenta que Mediapro había vendido su sede anterior a ING por 57 milllones de euros antes de mudarse al 22@. La firma lo justificó porque no había alcanzado la "rentabilidad". La oposición municipal, sobre todo el PP, alertó de aquello, y finalmente, el gobierno de Ada Colau decidió subastar las acciones porque varios informes municipales alertaron de que la posición municipal en la empresa mixta se estaba deteriorando. 

Pese a que el patrimonio municipal, esta vez en forma de acciones, sufría, no consta que el gobierno de Colau acudiera a los tribunales para cobrar las deudas. Eso sí, sí se embarcó en un proyecto de vivienda social con una sociedad participada por Mediapro. Desarollo inmobiliario que contravino el protocolo antiparaísos fiscales del Ayuntamiento de Barcelona, pues tuvo lugar poco después de que la cabecera del grupo audiovisual admitiera que usó Panamá para pagar un soborno en el caso Fifagate. Procedimiento judicial que continúa en Estados Unidos. 

Finalmente, fue Hines, el gran transformador de Diagonal Mar, quien compró la sede. Se encargó de pagar la deuda que había contraído su inquilino, explicó entonces Crónica Global. La oposición vio opacidad, otra vez, y el gobierno municipal esquivó completamente el hecho de que la compra se hacía con un fondo levantado en Luxemburgo. El primer gobierno de Colau, muy combatido con los lobis en otras cuestiones, tomó aquí un perfil comunicativo muy bajo. 

Hines ha decidido vender la sede y, de momento, ésta ha pasado a otro services luxemburgués, con destino incierto. Por el camino, Barcelona ha perdido 33 millones de euros si el precio de venta que circula es el que finalmente figura ante notario. El ayuntamiento ha defendido con absoluta timidez el patrimonio local, por decirlo de forma suave, aunque alegue que "recuperará el edificio cuando se agote el plazo de la concesión". 

Tampooc es nada absolutamente nuevo. El gabinete de Ada Colau, muy belicoso contra los grandes poderes en otras cuestiones, ha hecho gala del guante de seda cuando tocaba defender la ciudad ante los suyos. No luchó, o no lo hizo lo suficiente, para evitar que el Ministerio de Hacienda subastara parte del frente litoral de Barcelona y pasara la titularidad a la Administración local. Finalmente, los fondos propietarios del Hotel Arts pasaron el rodillo y se quedaron con la mayoría del espacio en una operación voraz que la hubiera hecho otro gobierno sus reverberaciones habrían resonado con mucha más intensidad. 

Ahora, el bipartito ha tratado de enmendar sus errores vendiendo un proyecto científico del CSIC que ni siquiera cuenta con el aval de Hacienda, que sigue siendo titular de parte del espacio. Por lo menos, en esa operación se conocen más detalles por una doble combinación de transparencia institucional y presión mediática. En la de la sede de Mediapro persisten las dudas, los grises y los recovecos. No contamos con toda la información. Salvo una certeza: el erario común es el perdedor de la jugada.