La sede de Mediapro acaba en manos de otra empresa de Luxemburgo

La sede de Mediapro, que pagó en parte el dinero público, ha terminado en manos de otro despacho de Luxemburgo, un país con tributación amable. El cuartel general del grupo audiovisual que fundaron Jaume Roures y Tatxo Benet ha recalado en el porfolio del asset servicer Alter Domus, una firma con sede en el Gran Ducado, un territorio con prácticas fiscales agresivas. 

Jaume Roures, cofundador y presidente ejecutivo de Mediapro / EP

Han alertado de ello fuentes del sector inmobiliario, que han precisado que Alter Domus Iberia, filial española del bufete luxemburgués, ha irrumpido en la sociedad Hevf Diagonal 177 SL, que es la titular de las acciones de la sede de la firma de Roures y Benet. Con ello, se encara la venta del rascacielos, del que OK Diario aseguró que se colocaría a Starwood Capital por 120 millones de euros. 

"Privacidad del cliente"

Preguntado por la cuestión, un portavoz de Alter Domus ha señalado a este medio que el contrato de confidencialidad con el cliente impedía dar más datos de la operación. Por su parte, desde Mediapro no se ha contestado a las preguntas de este medio. 

Lo factual es que el rascacielos situado junto a la Torre Glòries de Barcelona ha sido absorbido por la luxemburgesa, con destino final por escribir. Es lo que atestiguan los registros mercantiles y de la Propiedad consultados por este medio, que dan fe de que Hefv Diagonal es el titular del derecho de superficie. 

Hines vendió

Hefv no es sino uno de los fondos europeos de Hines, inversora y promotora de bienes inmuebles de Estados Unidos que adquirió el activo de manos municipales en 2018, como explicó este medio. La transmisión actual significa que la firma se ha deshecho del llamado Edificio Imagina cuatro años después. Por un precio que no ha trascendido porque los intervinientes han rechazado precisarlo. 

Pero Hines ha vendido. La colocación al servicer significa que Barcelona vuelve a decir adiós al inmueble después de enajenar la parte municipal en él en 2018. Por segunda vez, el gobierno municipal de Ada Colau se inhibe en la venta de un edificio que los recursos públicos ayudaron a construir, y lo deja en otra empresa en Luxemburgo, estado miembro de la Unión Europea con prácticas fiscales agresivas. 

Venta de mínimos

La transacción se produce cuatro años después de que el primer gobierno de Ada Colau en Barcelona vendiera el 33% de las acciones de la sociedad Mediacomplex, titular del activo, a Hines. Lo hizo por 18,6 millones de euros, un precio que, en esta ocasión, se ha rebasado. El conglomerado estadounidense asignó el rascacielos a Luxemburgo y, ahora, el edificio vuelve a cambiar de manos sin salir del Gran Ducado. 

En la primera ocasión, tanto el PP como Ciudadanos criticaron la "opacidad" de la venta del cuartel general del grupo de Jaume Roures. Eso sí, los votos de BComú, PSC, ERC y Junts permitieron desprenderse de la parte municipal. 

Mediapro impagó el canon

Esa primera venta ya vino precedida de otra polémica. Mediapro impagó el canon de derecho de superficie en la edificación --que albergó el centro de prensa del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 en Cataluña--, como explicó este medio. El grupo audiovisual no cumplió con sus compromisos en la sociedad mixta que tenía con la constructora municipal Bimsa (dueña del otro 66% de Mediacomplex) y al final tuvo que ser Hines quien liquidara la deuda, como detalló Crónica Global. 

De hecho, desde la Administración local se exploró la posibilidad de presentar una reclamación de deuda, pero jamás se hizo. Por el contrario, apostó porque el entonces nuevo dueño de Edificio Imagina, Hines, saldara las deudas que había generado la enseña. 

Fue un proyecto público-privado

Esa discutible gestión del dinero común tuvo lugar pese a que la sede de Mediapro tiene su origen en un proyecto público-privado. El edificio es parte del llamado Parc Media, que desarrollaron una sociedad participada por Bimsa y el propio grupo audiovisual en 2004. El objetivo fue crear un hub económico y del conocimiento, pues algunas facultades de la Universidad Pompeu Fabra (UPF) recalaron allí. La inversión total se fijó en 80 millones de euros. 

Pese a ese dispendio, que conllevó presupuesto público, el Ayuntamiento de Barcelona ha defendido que recuperará la concesión del suelo cuando venza el derecho de uso. Eso sí, por el momento, ese negocio se queda en Luxemburgo. Otra vez.