¡Qué bien han vivido algunos con la política de bloques! Unos más que otros. La llamada distensión, consecuencia de la reconstrucción de puentes entre el Gobierno y la Generalitat, pretende precisamente difuminar esa dualidad entre independentistas y constitucionalistas que tanto daño hizo durante el convulso procés. Fue el secesionismo más radical, el que rompió todos los consensos posibles los días 6 y 7 de septiembre de 2017 en el Parlament, el responsable de esa división, primero política y luego social. Una parte de ese separatismo ha decidido soltar lastre de una unilateralidad que rechaza ERC y una parte de Junts per Catalunya. No así la CUP y los duros de Carles Puigdemont, que de momento se quedan en el banquillo o calentando en la banda a la espera de tiempos electorales más propicios. La concesión de los indultos a los presos del 1-O, que los republicanos aceptan sin renunciar a la amnistía y la autodeterminación, ha descolocado a los patriotas más contumaces. Y no solo en el denominado bloque independentista.

Que el director de TV3, Vicent Sanchis, quisiera alinear al socialista Salvador Illa con Vox, una formación que, según recordó el propio entrevistado, ha pretendido meterle en la cárcel, ejemplifica muy bien esa estrechez de miras de quienes cortan a los no independentistas por el mismo patrón. Si el todavía responsable de la televisión catalana pretendía pinchar al jefe de la oposición, no lo logró. La comparación estaba cargada de intencionalidad, de prejuicio sobre un constitucionalismo --Sanchis no se atrevió a decir unionismo-- donde hay mucha más transversalidad que en ese lado separatista. Bajo esa lógica, ¿cómo interpretar que Vox, CUP y JxCat votarán al unísono en el Congreso en contra en la prórroga del confinamiento?

La política de bloques es azuzada también por quienes se apropian del constitucionalismo, excluyendo a PSC y En Comú Podem del mismo. La recogida de firmas del PP en contra de los indultos que, recordemos, son plenamente constitucionales, implica resistencia al cambio y a intentar reconducir por la vía política el conflicto secesionista, una vez la Justicia ordinaria ha cumplido con todos sus trámites, a la espera de que los tribunales europeos la validen. Si Mariano Rajoy hubiera hecho más caso de las advertencias del PP catalán que avisó, no una, sino varias veces, del desafío independentista que se avecinaba en 2017, quizá nos hubiéramos ahorrado imágenes dolorosas que el propio Pablo Casado, según confesó en la campaña de las elecciones catalanas, hubiera preferido no ver. 

Pero una parte del PP, que no es precisamente la catalana, insiste en emular a Vox y de ahí esas iniciativas que nada aportan al debate sobre la medida de gracia, y sí mucha crispación. Si una de las primeras decisiones del Gobierno de Aznar fue indultar a 15 exterroristas de Terra Lliure, como recordaba Jesús Duva en El País, ¿a qué viene tanto aspaviento?

Igualmente transversal es la sociedad civil contraria a la ruptura. Como decíamos, mucho más que el separatismo que durante diez años ha intentado imponer su pensamiento único. De ahí que asegurar que el constitucionalismo se manifiestó en Barcelona en contra de los indultos suponga un titular erróneo. No todos los catalanes que quieren seguir formando parte de España rechazan la medida de gracia. En el resto de España, los sondeos arrojan una tendencia al alza en favor de unos indultos que muy posiblemente serán parciales y que, conviene recordar, no implican exculpación, sino suspensión de la pena. Existe una tercera vía, nada sospechosa de bailarle el agua al secesionismo --llámese federalismo, catalanismo...-- a la que algunos pretenden excluir del reparto de carnets de constitucionalidad.