La semana pasada, el PSC llegó a un acuerdo con ERC, JxCat y comuns para aprobar una ley sobre el uso y el aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria en Cataluña. El texto fijaba el catalán como “la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje” y relegaba al castellano a la condición de lengua de “uso curricular”.

Un mes antes, los socialistas habían logrado convencer a ERC, JxCat y comuns para modificar la ley de política lingüística para establecer el catalán como “la lengua normalmente empleada como lengua vehicular y de aprendizaje”, pero con el añadido de que “también es empleado el castellano en los términos que fijen los proyectos lingüísticos”. Sin embargo, Junts se lo volvió a pensar y finalmente la propuesta se vino abajo porque reconocía el español como lengua vehicular y de aprendizaje.

En cualquier caso, y como defendí en mi anterior artículo, la iniciativa que salió adelante me pareció una buena noticia. Es mejor que se reconozca el castellano como lengua curricular a que no se reconozca. Aunque no es suficiente.

Eso sí, las formaciones nacionalistas ya anunciaron que lo que pretendían hacer era armar una estructura legal con la que burlar a los tribunales, y ese solo era el primer paso. Por ello, PP, Cs, Vox, la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) e Impulso Ciudadano, entre otros, fueron muy críticos con el PSC, al que acusaron de actuar como tonto útil del independentismo.

Ante el chaparrón, los socialistas advirtieron de que no apoyarían el decreto ley que preparaba el Govern para concretar los criterios que debían seguir los proyectos lingüísticos de los centros escolares si este incumplía la sentencia del 25%.

Y así fue. Como era previsible, el decreto ley aprobado el lunes –y que debe convalidar el Parlament en un mes– es una aberración que dice que no se pueden fijar porcentajes de uso de las lenguas (salvo en el caso de la universidad, claro, donde la consejería correspondiente defiende el 80% en catalán). Y la Generalitat se lo ha presentado al TSJC para argumentar que, como ahora está vigente esta nueva normativa que veta los porcentajes, la sentencia del 25% es inaplicable. Un fraude de ley en toda regla, vamos.

Aclaradas todas las dudas, el PSC se apresuró a desmarcarse. “El decreto ley aprobado hoy por el Govern no da cumplimiento a la sentencia del TSJC. No recoge con plenitud el acuerdo fruto del consenso trabajado por los grupos. No menciona el uso curricular del castellano. Desafía a los tribunales. Por estos motivos no lo apoyaremos”, señaló la portavoz socialista en la cámara autonómica, Alícia Romero.

Sin embargo, el PSC no ha salido muy bien parado en toda esta operación. Joaquim Coll, en este mismo medio, apuntaba este miércoles que los socialistas habían sido muy ingenuos al no haber acordado, a la vez, la nueva ley y el decreto del Govern. Un error muy caro, pues los de Salvador Illa han dado la sensación de “haber acabado haciendo de comparsa del Govern”.

Estoy de acuerdo con el análisis Coll. Aunque creo que el PSC lo tiene muy fácil para limpiar su imagen.

PP, Cs y Vox han anunciado que recurrirán el decreto ley ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, solo un recurso del Gobierno suspendería automáticamente la normativa hasta que el alto tribunal se pronunciase al respecto.

El PSC forma parte del Gobierno y podría hacerlo. El Gobierno podría recurrir ese decreto ley y cualquier otro similar que se sacara de la manga el Govern para que quedase suspendido.

Eso dejaría en papel mojado la estrategia del nacionalismo para esquivar el 25%, supondría una ayuda impagable para el TSJC y demostraría que los socialistas catalanes van en serio con el bilingüismo escolar.

De lo contrario, la credibilidad del PSC quedaría en entredicho.