En la política catalana son frecuentes las intentonas para cambiar la historia, pero no en el sentido de corregirla para evitar los errores del pasado, sino de reescribirla para adecuarla a los intereses del presente. Jordi Pujol ha sido el protagonista del último episodio, que en su caso es un apunte más de una materia en la que él se doctoró hace muchos años, décadas.
El miércoles, el expresident se permitió una larga e inesperada intervención en un coloquio sobre financiación autonómica en el que participaban el actual conseller de Economía, Jaume Giró, con el que mantuvo una sorprendente conexión argumental y documental, Andreu Mas-Colell y Antoni Castells. Pujol quiso negar unas afirmaciones de Pedro Luis Uriarte Santamarina, exconsejero de Economía del Gobierno vasco, a las que se había referido Castells.
PLUS, como le bautizaron durante su paso por la alta dirección del BBV, ha escrito que fue testigo de la oferta del Gobierno español al ya presidente de la Generalitat en julio de 1980 sobre una fórmula de concierto económico que el político convergente rechazó. Las razones de la negativa tendrían que ver con cierta aversión a recaudar impuestos, el miedo a que los ingresos cayeran y a la convicción de que una negociación directa con Madrid podía ser más fructífera; al margen de que en su opinión los nacionalistas catalanes, como la izquierda en general, consideraban que el concierto era algo arcaico.
La otra tarde, Pujol se refirió a esos argumentos como elementos que podrían desaconsejar el modelo vasco, pero sosteniendo siempre que él hubiera querido algo semejante, y que su partido lo defendió, junto a ERC, en los debates del Estatuto de Sau, pero que se quedaron en minoría. No dice que Cataluña pidiera el concierto --de hecho, en la revisión de 2006 tampoco se planteó--, sino que los nacionalistas lo plantearon y los demás lo rechazaron.
La eterna ambigüedad convergente: no desmiente, sino que matiza dando a entender que es mentira.
Conviene tener presente que Adolfo Suárez prefería a Jordi Pujol como socio en Cataluña. Temía que socialistas y comunistas se hicieran con el territorio, como había ocurrido en las dos primeras elecciones generales. El 15-J, entre el PSC y el PSUC obtuvieron el 47% de los votos, frente al 17% del PDCP de Pujol. Dos años después, en 1979, socialistas y comunistas sumaron el 47,24%, mientras que CDC perdió unas décimas, hasta el 16,44%.
Sin embargo, en las primeras autonómicas, en marzo de 1980, los convergentes se hicieron con el 28% de los votos. Y aunque la izquierda llegó al 41,5%, Pujol pudo formar Gobierno y convertirse en el aliado estratégico del Gobierno central. No es de extrañar, pues, que durante la negociación del Estatuto de autonomía de ese mismo verano Suárez se mostrara dispuesto a repetir la fórmula vasca en Cataluña para ganarse el apoyo de la derecha catalanista.
También tiene interés recordar que la base racional del odio de Pujol a Josep Tarradellas y su oposición inicial al regreso de la institución de la Generalitat en la persona del viejo político republicano era el convencimiento de que la recuperación de la democracia tras el franquismo debía ser ex novo, sin recuperar antiguallas, lo que coincide con las apreciaciones de PLUS. Además, y dado que los únicos testigos vivos de aquellas conversaciones son Uriarte y Pujol, habrá que rendirse ante la evidencia constatada de que la palabra del expresident no es precisamente una garantía.
En cualquier caso, lo más sorprendente de la anécdota del miércoles --por llamarla de alguna manera-- es el entusiasmo con que los seguidores de Pujol aplauden cada paso que da en la reconstrucción de su maltrecho prestigio, el eco que encuentra cuando se empeña en rehacer la imagen de mesías patriótico en la que estuvo trabajando desde su juventud; el cerrado aplauso con que los asistentes al acto organizado por el diario Ara premiaron las ocurrencias en absoluto inocentes del nonagenario que echó en cara a los ponentes --nada menos que a Castells y a Mas-Colell-- no haberse ocupado de la financiación de Cataluña. Y todo eso, a las puertas del juicio que le sentará en el banquillo junto a sus siete hijos, acusados de asociación ilícita y blanqueo de capitales.