El desbloqueo de la legislatura en Cataluña ha generado otro movimiento colateral, el del debate de los indultos. El presidente, Pedro Sánchez, abría de forma definitiva la caja de Pandora el martes al anunciar que “entre los valores constitucionales no se encuentra ni la revancha, ni la venganza y sí la concordia, el entendimiento, el diálogo, el respeto a las leyes, la Constitución y la legalidad, donde siempre se ha movido el Gobierno de España”. Bien por el tono, pero el fondo solo incide en la misma problemática que se arrastra desde hace demasiado tiempo en Cataluña: la división.

A nadie se le escapa que es imposible aunar posiciones al definir el futuro de los nueve políticos que están en la cárcel por organizar el 1-O y aprobar una declaración simbólica de independencia. Con el tercer grado, en esta ocasión motivado, la prudencia apuntaría a dejar que la excarceración llegase por esta vía. Pero ponerse de perfil no forma parte del diccionario del presidente. Tampoco de los condenados más mediáticos, como Jordi Cuixart, que ya ha dejado claro que repetiría todo lo ocurrido en 2017 punto por punto.

El gesto político de Sánchez está claro. Tal y como ha reconocido incluso la ANC, que el Estado indulte a los líderes independentistas debilita las quejas del procesismo sobre los agravios y la "falta de democracia" de las instituciones españolas. Se les otorgaría una medida de gracia que implica el perdón de parte de la pena (parece que parcial) pero no del delito.

Además, supone un gesto para una ERC que abre una nueva etapa con la presidencia de Pere Aragonès. La de un líder que está enfrentado con el secesionismo más radical --tal y como queda claro en Les hores greus de Quim Torra, que le pone de vuelta y media--, que ha dado forma a un Ejecutivo poco ideologizado, que se presenta de forma pública como un gestor (con un discurso procesista lleno de incongruencias) y que vende también una renovación generacional. La foto de partida está clara, será en los próximos meses cuando se vea hacia dónde se dirige su mandato.

Sánchez se ha abonado a una iniciativa política que sabe que hunde aún más su imagen en Madrid, un territorio en el que ya es persona non grata, y que llena columnas y horas de tertulias tanto en la capital como en Barcelona. Más allá de estas fronteras, el debate sobre los indultos es una materia política menor. En un ejercicio realista, debemos tener claro que ni siquiera se apunta como un elemento que marque las elecciones andaluzas que se esperan a lo largo de 2022. A la gente del sur, los indultos se la trae al pairo. Igual que muchos otros ciudadanos del país cuyas prioridades actuales son otras.

Los gestos en la política son importantes, pero no lo son todo. Brindar los indultos sin el apoyo del Poder Judicial ante condenas de sedición y malversación supone un error. Buscar consensos y huir del revanchismo debería ser condición básica de cualquier democracia y ciertas formaciones de la órbita constitucionalista se lo deberían marcar a fuego. La construcción de la unidad y la concordia se debe lograr con el aval de todos. Especialmente de los estamentos públicos que construyen la democracia de nuestro país.