El grito de Urkullu y Aragonès para que el Estado actúe

Manel Manchón
6 min

El Estado de las autonomías, tal y como se ha conocido hasta ahora, vive sus últimos días. Claro que esos días podrían ser eternos. Pero la reforma es cada vez más urgente. Hay muchas propuestas y los académicos han llegado a consensuar tanto el diagnóstico como las posibles recetas. Las decisiones, sin embargo, las toman los dirigentes políticos y no es el mejor momento para abordar, por ejemplo, una reforma constitucional. En todo caso, tampoco es estrictamente necesaria para solucionar algunas graves disfunciones como la financiación de las comunidades autónomas o los agujeros que presenta el sistema fiscal.

La gran paradoja es que los dos presidentes de las dos comunidades históricas por las que se organizó, de hecho, el Estado de las autonomías, el lehendakari Urkullu y el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, piden a gritos que el Estado actúe. Para proteger sus propios intereses necesitan que el Gobierno central se implique y tome decisiones atrevidas en beneficio del conjunto. ¿Por qué? Pues, y la paradoja aumenta en intensidad, porque una comunidad, Madrid, ha decidido tomarse en serio el federalismo fiscal y como en su momento el ministro de Economía, Pedro Solbes, no quiso saber nada acerca de posibles armonizaciones fiscales, ha tomado una vía directa para captar inversiones y personas físicas con patrimonio.

La importancia de esa política ha alcanzado tal dimensión que Urkullu ha pedido que se limite la propia autonomía de Madrid. Resulta que en el País Vasco son las diputaciones forales las que recaudan impuestos y las que compiten, incluso entre ellas, para bajar tasas y porcentajes. El hecho diferencial con el resto de españoles lo marca el Concierto Económico, un sistema perverso, no por su propia naturaleza --aunque también para muchos expertos-- sino por el sistema de cupo: lo que se paga a la Administración General del Estado es mucho menor de lo que correspondería y se trata de un precio “político”. Pues bien, Urkullu, a pesar de esas circunstancias favorables, se queja de que Madrid se lleva a los vascos y vascas más acaudalados. ¡Y pide al Gobierno central que intervenga!

En el caso de Aragonès la petición no es tan directa. Es más compleja. El Pleno del Tribunal Constitucional ha anulado la rebaja del IRPF en las rentas más bajas, una medida que la Generalitat aprobó en 2020. El argumento del Constitucional, como ha ocurrido con otras decisiones del Govern, es que el Ejecutivo catalán invade competencias que no le corresponden. Si esa interpretación jurídica se mantiene, al Govern de Aragonès no le quedará más remedio que hacer como Urkullu y reclamar que se repartan de nuevo las cartas: fijar un mínimo y un máximo en determinados impuestos, y que cada autonomía juegue con un cierto margen en impuestos como Sucesiones y Donaciones y Patrimonio, aunque también podría decidir la supresión directa de ese último impuesto.

Las comunidades se están organizando y cooperan, por primera vez, en función de sus intereses: las más pobladas o las que tienen una mayor dispersión de habitantes se unen para buscar estrategias conjuntas de cara a la negociación del nuevo modelo de financiación. El presidente valenciano, Ximo Puig, y el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, de partidos distintos, se apoyan mutuamente. Y el presidente gallego, Alberto Nuñez Feijóo, está al lado de Castilla-León, con problemas similares: población envejecida y dispersa en el territorio.

Urkullu no tiene nada que ver en esa negociación, porque ya tiene el Concierto Vasco, y Pere Aragonès ha decidido que no estará presente en ninguna batalla múltiple. Pero los dos se pueden ver claramente afectados y piden --no se atreven a expresarlo de forma tan clara y directa-- que los expertos que ha convocado el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, elaboren ya y cuanto antes una reforma fiscal que marque las nuevas reglas del juego, totalmente desbordados por Madrid, la autonomía --¡vaya paradoja!-- que más y mejor se ha beneficiado de la descentralización que supuso el Estado de las autonomías. Así que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y otras y otros dirigentes del PP que gobernaron la Comunidad de Madrid, deberían dar las gracias a los viejos dirigentes nacionalistas vascos y catalanes que, con sus peticiones en la Transición, provocaron el actual Estado de las autonomías. ¡Que cosas!

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¿Quién es... Manel Manchón?
Manel Manchón

Periodista barcelonés, especializado en política y economía. Jefe de la sección de Opinión y del cultural Letra Global.