Ayer, poco después de caer la noche, JxCat reculaba y dejaba en el aire su apoyo a la reforma de la ley de política lingüística que, apenas unas horas antes, había presentado junto al PSC, ERC y los comuns. Entidades, medios y activistas nacionalistas habían saltado a la yugular de los neoconvergentes nada más conocerse el texto, y a estos les entró el tembleque.

Y la verdad es que les entiendo.

Cuando al mediodía se conoció el acuerdo de socialistas, podemitas e independentistas para retocar la ley, mi desconfianza fue máxima, debo reconocerlo. Ningún acuerdo sobre lengua puede ser razonable si en él han participado JxCat, ERC y los comuns (del PSC debo admitir que, con personajes como Eva Granados en la dirección del partido, este evoluciona lenta pero adecuadamente en ese ámbito).

Sin embargo, al leer el nuevo texto legislativo, me quedé estupefacto. La propuesta reconocía por primera vez en la historia sin ambages en una normativa autonómica catalana el carácter de lengua vehicular del español en las escuelas catalanas.

Lo que algunos presentaron inicialmente como una fórmula para “blindar” la inmersión en realidad era todo lo contrario: reconocer que el castellano también es (o debería ser) lengua vehicular es justamente certificar la abolición de la inmersión (un modelo, recordemos, ya declarado ilegal por la justicia).

Todo apunta a que los sociatas le han metido un gol a los nacionalistas (¡ya era hora!). Eso sí, parece que, a cambio, han tenido que ceder en otro punto del texto, el que indica que será cada centro el que decida los porcentajes de uso que aplica en cada lengua.

Esa es la nueva estrategia del nacionalismo. Tras asumir, se pongan como se pongan, que el español tiene que ser lengua vehicular (las sentencias son implacables al respecto), aspiran a manipular los porcentajes siguiendo el plan trazado por el Síndic de Greuges.

Este plan consiste en contabilizar como tiempo de uso del castellano en la educación no solo la impartición de las clases por parte de los profesores, sino también el patio, el comedor y las comunicaciones entre alumnos en las aulas, que, según una encuesta del propio Síndic, supondría que ya se supera el 25% de uso del español en las escuelas y creen que así no tendría que aplicar las sentencias. El Síndic y la exposición de motivos de la modificación de la ley llaman a esta maniobra “aproximación” o “concepción holística” del tratamiento de las lenguas en la enseñanza. Tomen nota de la palabra porque la oiremos muchas veces en los próximos tiempos.

Pero no parece que esa estrategia pueda tener éxito, pues las sentencias dejan muy claro que ese 25% en castellano (como mínimo, y dando por hecho que existe un desequilibrio que hay que compensar, cosa que ya veremos si está justificado en futuros procesos judiciales, pues lo razonable sería el 50% en cada lengua) se refiere a la impartición de las asignaturas y debe incluir una troncal. Digan lo que digan las leyes, los decretos o los proyectos lingüísticos de los centros educativos.

Así las cosas (y más allá de que me temo que JxCat dinamitará el acuerdo tras las presiones de Plataforma per la Llengua, la ANC, el Consell per la República, la CUP, USTEC, Demòcrates y compañía), el primer intento de los nacionalistas para blindar la inmersión ha sido un fiasco.

Y les puedo asegurar que los próximos también lo serán. Porque recibir una parte de la educación en castellano es un derecho constitucional inalienable, y la jurisprudencia ya ha establecido de forma consolidada que eso se traduce –de momento– en que un 25% de las clases se impartan en esa lengua.