Durante décadas, barceloneses como Josep Maria Figueras, Antoni Negre y Miquel Valls hicieron de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de la ciudad una institución de prestigio en el ámbito económico. De allí salieron iniciativas como la revitalización de Fira de Barcelona y gracias a su intercesión se logró que Ayuntamiento de Barcelona y Generalitat de Cataluña apostaran por la promoción ferial de la ciudad de manera consensuada.

Desde que el independentismo aterrizó en la Cámara barcelonesa, el perfil de la entidad no ha hecho otra cosa que desdibujarse. Casi no se habla del asunto, pero los tribunales han determinado que aquellas elecciones fueron irregulares y que los moradores del pleno de la corporación tienen una legitimidad en entredicho. El primer presidente de la Cámara independentista, Joan Canadell, resultó ser un agitador y propagandista que ha acabado como diputado de Junts per Catalunya después de regalarnos estrambóticas actuaciones públicas en los momentos más álgidos del proceso nacionalista.

Que la Cámara ha sido aislada por el resto de las instituciones económicas y que ni tan solo la Administración autonómica la respalda es un hecho. Algunas empresas que tenían sus asientos garantizados en el plenario decidieron abandonarlo y dejar de contribuir con sus cuotas. La presidenta actual no ha podido sustituirlos, porque ninguna empresa cabal desea pertenecer a una entidad en la que prima más la política que la economía.

Una de las últimas cosas que aprobó fue un acuerdo con Òmnium Cultural para extender la lengua catalana entre el mundo empresarial. Y ahí queda eso, la gran preocupación de la institución que antaño modulaba los debates económicos de Cataluña desde Barcelona es ahora que la lengua sea más utilizada en el mundo productivo. Poco más pueden hacer en un momento de aislamiento del independentismo y constatación de su fracaso social. De hecho, Canadell fue designado presidente con el voto de 36 miembros del pleno, pero hace unas semanas la Cámara no pudo celebrar un pleno al no ser capaz de reunir a una veintena de representantes. El presupuesto para el 2022, por ejemplo, está pendiente.

Si la Cámara de Comercio ya aburre a los suyos, imaginen a los ajenos. Tanto Foment del Treball como el Círculo de Economía se han distanciado de manera categórica. Han decidido aislarla, primero, y marginarla, después, de cualquier debate económico que afecte a la ciudad. No han sido los únicos en establecer un cordón sanitario ante los activistas empresariales del independentismo. A la práctica, la institución ha quedado relegada a un administrador de fondos para las empresas desde donde se dejó de promover nuevas actividades, algo similar a lo que siempre han sido estas mismas entidades en otros lugares de España con menos tradición cameral, como Madrid.

A Isidro Fainé, presidente de la Fundación Bancaria La Caixa, se le criticó en su día por permitir desde su omnipresente atalaya que el independentismo aterrizara en la Cámara. Son esas manifestaciones que se hacen sottovoce, que no se ponen negro sobre blanco, pero que existen y circulan. Es obvio que el banquero y su entorno fueron poco sagaces en detectar las maniobras del independentismo en las elecciones de 2019 y que se movilizaron a medio gas para combatir las triquiñuelas que les prepararon. La Cámara es una de las entidades fundadoras del grupo Caixa y, por ese mérito histórico (que comparte con Foment y la Sociedad Barcelonesa de Amigos del País), mantiene vínculo y representación. Sin embargo, en la reciente remodelación del patronato llevado a cabo por Fainé, con una discreción absoluta por la enorme luz que proyectaban los fichajes de José María Álvarez Pallete y Pablo Isla, fue derrocado Antoni Fitó, miembro de ese patronato en representación de la entidad cameral, de la que es vicepresidente.

Fainé se ha pulido al aguerrido independentista que se les coló en el patronato de la mayor fundación española. Pero ha conseguido maniobrar esa operación justo en el instante en el que las tesis nacionalistas que defienden están más desdibujadas y el movimiento secesionista ha perdido intensidad y vigor. Nadie ha protestado, prueba de que la operación se ha realizado con quirúrgica precisión. De hecho, en 2020, Canadell, Fitó y el resto de los empresarios soberanistas se atrevieron a preguntar en una encuesta si la fusión de Caixa y Bankia era interesante para la economía catalana. Lo que ha sido hasta la fecha la mayor y más exitosa iniciativa de Fainé en su historia de gestor fue rechazada con el 91% de los votos de participantes en ese singular sondeo.

Como los actuales ocupantes de la Cámara de Barcelona no poseen el más mínimo interés en repetir unas elecciones declaradas impropias, que la Generalitat no interferirá ni un ápice en ese asunto pese a ser la administración reguladora, harían bien quienes se lamentaron de perder la institución en preparar el camino de regreso. Salvo maniobras dilatorias del independentismo, el próximo año deberán convocarse las urnas de nuevo y se abrirá la ventana de oportunidad para retornar la Cámara a lo que su historia le otorgó: un espacio vivo de debate, decisión y de representación del empresariado catalán. El independentismo ha demostrado en esa institución económica que es un gran conspirador, pero un pésimo gestor. Hoy la Cámara es incapaz de reunir a 25 empresarios para celebrar una reunión oficial y nadie recuerda alguna actuación positiva en materia económica que le resulte atribuible. Salvo la manipulación electoral para colarse por las grietas o las proclamas y sondeos propagandísticos.