La Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) se ha convertido una vez más en escenario de violencia política. Ha sucedido en otras universidades catalanas, como cuando el año pasado se boicoteó un acto sobre Cervantes en la UB, pero en ninguna con tanta frecuencia como en la Autónoma.

Parece evidente que el rectorado tiene alguna responsabilidad. El tibio comunicado con el que su equipo de gobierno rechazaba la “situación de tensión que se ha originado y el intento de impedir” el acto, evitaba aludir a la violencia ejercida por los alborotadores: es una palabra prohibida. Pero no olvidaba lamentar la “instrumentalización ideológica del campus universitario”, en velada acusación a los activistas de derechas asediados.

El rectorado de la UAB sabe que contribuye gravemente al deterioro de la convivencia en el país. Las juventudes de SCC se afanan por hacer convocatorias en su campus precisamente porque saben que obtendrán una respuesta impropia de una democracia y delatora del nacionalismo imperante.

La justicia obligó el año pasado a la UAB a inscribir a la organización de estos jóvenes no independentistas en el directorio de colectivos del centro, en el que ya figuraban otras 80 asociaciones.

Los argumentos que daba para impedir que se apuntaran eran ridículos y pueriles; recordaban a los que usaban los primeros rectores de la universidad de Bellaterra cuando trataban de frenar a los jóvenes izquierdistas de los primeros años setenta. Entonces, llamaban a los grises, mientras que ahora simplemente dejan actuar a los violentos, los mismos a los que desde la presidencia de la Generalitat se anima a “apretar” a los gobernantes. Quién va a frenar a la muchachada si el mismísimo Quim Torra se querella contra la policía que detuvo a 16 de las personas que cortaron las vías del AVE en Girona.

La semana pasada, una organización denominada Clínic per la democracia convocó y celebró un acto político en el hall del hospital público barcelonés, en cuyo patronato participa la Universidad de Barcelona. Utilizaron sus instalaciones para proclamar y bendecir la labor de los exiliados en la difusión internacional del conflicto originado por los nacionalistas en Cataluña. Nadie se opuso, nadie les atacó; no pasó nada. Los actos de ese cariz gozan de patente de corso, mientras que a los constitucionalistas, derechistas, socialistas o traidores --que los hay por todos los rincones-- se les aplican las condiciones propias de un Estado de excepción.

Es una expresión dramática; pero refleja la realidad de lo que sucede en este país. Desde el poder y desde decenas de instituciones --incluidos los medios de comunicación públicos y los concertados-- se presiona para que el constitucionalismo renuncie a los espacios que les vetan los supremacistas y acepte la vida en el gueto.

¿Por qué creen si no que los socialistas, por ejemplo, apenas tienen incidentes en las universidades? Han dimitido de su presencia en ese ámbito, pero ahora les persiguen en sus propias sedes.