El mercado de alquiler de viviendas está paralizado en Cataluña desde la entrada en vigor en septiembre pasado de la ley autonómica de limitación de rentas, que tal como temían los expertos dejó en shock un sector ya de por sí muy tocado por los efectos de la pandemia. Aunque el Consell de Garanties Estatutàries había advertido de que era inconstitucional porque invadía competencias ajenas, además de vulnerar el derecho a la propiedad, el texto siguió adelante y se aplicó.

A grandes rasgos, impone el precio máximo en 60 municipios "tensionados" y congela los de los contratos renovados. Los coeficientes que determinan la renta conducen en la práctica a que un piso de 100 metros cuadrados en Barcelona se alquila por lo mismo prácticamente que otro de 60; y expulsan del mercado las viviendas de lujo, dado que el máximo que establece las hace irrentables.

El Tribunal Constitucional anuló uno de sus preceptos más abusivos y admitió a trámite el recurso presentado por el PP. Hay tanta confianza en el sentido final del fallo, que algunos intermediarios se atreven a redactar contratos de alquiler con dos rentas, la que impone el texto recurrido y la que permitirá su derogación.

Con este panorama de fondo, Unidas Podemos ha abierto un nuevo flanco en la guerra que tiene declarada a su socio de Gobierno, en este caso para que cumpla con lo pactado por su apoyo a los Presupuestos Generales de 2021. Y lo pactado es ni más ni menos que una réplica de la ley catalana para toda España.

Desahucios, impuesto para la vivienda vacía, control de rentas y grandes tenedores son los ítems que definen las líneas generales de la ley que los camaradas del PSOE tienen en la cabeza y que el titular de Transportes, José Luis Ábalos, no acaba de ver. De hecho, Pablo Iglesias pretendió introducir en la norma presupuestaria el grueso de sus ideas, lo que fue derivado a una futura ley de vivienda que ahora reclaman con urgencia.

Los socialistas habían previsto un sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler, pero se han dado cuenta de que por sí solo ese mecanismo provocaría una grave distorsión en el mercado, sobre todo tras el desastre de la pandemia. Hay otros países donde los Gobiernos se han visto obligados a intervenir las rentas en ciertos territorios por el empuje del turismo, pero siempre complementando una política de vivienda social. Y, sobre todo, garantizando los derechos de todos los ciudadanos, también de los propietarios. En Berlín rige una norma de control de alquileres, pero a la vez permite que un propietario no necesite más razón que su voluntad para anular un contrato si la vivienda es la segunda planta de su casa. Es un ejemplo de cómo la normativa alemana mantiene, por principio, los derechos de la propiedad privada.

Cualquier medida que se aplique en este terreno en España debe ser garantista también para los caseros, debe ofrecerles una seguridad jurídica de la que hasta ahora han carecido. Esos son los cimientos de una nueva legislación sobre vivienda y alquiler. Y, por descontado, las leyes que permiten la okupación impune que sufren tantas familias no van precisamente en ese sentido.