El PP 'ficha' a Albert Rivera para recurrir la ley catalana de alquileres

El PP ha fichado a Albert Rivera para recurrir al Tribunal Constitucional la ley autonómica 11/2020 de contención de las rentas en Cataluña, que pone un límite al precio de los alquileres en la región. Los populares habrian contratado los servicios del exlíder de Ciudadanos, hoy abogado en el bufete Martínez-Echevarría & Rivera, para llevar el texto al órgano de control constitucional.

Lo ha avanzado El Mundo, que revela que la formación que preside Pablo Casado se ha hecho con los servicios del equipo legal que dirige Rivera. Es más, el expolítico estaría interviniendo personalmente en la redacción del escrito al Constitucional, en el que se argumentará que la ley catalana excede las competencias de la Generalitat. El PP ya había anunciado que llevaría la norma al Tribunal por, entiende el partido, rebasar el perímetro de atribuciones del Govern.

Los inmobiliarios advirtieron del TC

No fueron los únicos. Cuando el Parlamento catalán aprobó en septiembre la regulación de los alquileres en Cataluña, el sector inmobiliario ya advirtió de que la administración autonómica carecía de competencias para implementar la pieza legislativa. No obstante, los representantes del sector dejaron los posibles recursos en manos de los partidos.

Sí aprovecharon las patronales que el hemiciclo regional había aprobado un control de precios de los alquileres para lamentar que no se hubiera contado con el parecer de los operadores, y para alertar también del posible efecto contrario al buscado: un incremento de las rentas. También se avanzó que se generaría economía sumergida y que la regulación alejaría inversiones.

El Consejo de Garantías dijo 'no'

Las reservas de PP y sector inmobiliario no fueron las únicas expresadas. El Consejo de Garantías Estaturarias, órgano que examina la constitucionalidad de los textos aprobados en la cámara catalana, tumbó la propuesta en agosto. Advirtió el CGE a petición de populares y Ciudadanos de que 11 artículos, dos disposiciones transitorias y una disposición final no se ajustaban a la legalidad, pues es el Estado el que tiene la competencia de fijar las obligaciones contractuales.

Pese a ello, el Govern hizo suya una proposición de ley que inicialmente defendía el Sindicato de Inquilinos, una plataforma vecinal cercana a la órbita de los comunes. En aquel momento, se leyó la posición del Ejecutivo catalán en clave política: buscaba el choque simbólico con el TC, como parece que finalmente ocurrirá.

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