El edificio tiene más de dos siglos. Está situado en el barrio barcelonés del Raval, en la calle del Mal Nom (Mal Nombre). La primera vez que entré en ese callejón sin salida, bautizado así en recuerdo de las señoras que lo frecuentaban, fue a finales de los 70, cuando mi madre lo heredó. Más que un legado, parecía la última broma del abuelo. En la bajera había y hay dos locales; ambos están tapiados, como consecuencia de una última “okupación” que los convirtió en narco-bajos. Las plantas superiores albergan ocho pequeñas viviendas. Mi madre murió en Navidad, con 84 años. Según las propuestas de Podemos a la nueva Ley de Vivienda, era una “gran tenedora de inmuebles” y los raquíticos alquileres de su anciana propiedad deben ser congelados.
La nueva propietaria le tenía cariño al edificio. Hasta finales de los 90, conocía a todos los vecinos. Por eso, quizás, se empeñó en restaurarlo, pidiendo un crédito que tardó décadas en devolver. Sacó los depósitos de agua del terrado, arregló fundamentos e hizo baños en el interior de los pisos. El Decreto Boyer de 1985, que anuló la prorroga forzosa de alquileres que pasaban de padres a hijos y a nietos, animó a los dueños a meterse en créditos.
Los sucesivos ayuntamientos nunca han hecho nada por ese oscuro callejón, aunque sí han ido subiendo el valor catastral. Ella, sin embargo, cuidaba de sus inquilinos de renta antigua y nunca aumentó el alquiler a las personas mayores. Encontré hace días un recorte en la cómoda materna. Informaba de un concurso del FAD al mejor proyecto para renovar el Mal Nom. Se presentaron dos y ambos proponían hacer entrar la luz en esa calle abandonada; ninguno se llevó a cabo.
La suma de los diez alquileres jamás dio un rendimiento superior a 1.333 euros mensuales. Esos ingresos, junto con los réditos de una pensión vitalicia, le permitían vivir sin pedir nada a nadie. Tampoco al Estado, porque mi madre no recibía jubilación ni viudedad. Ni ella ni mi padre cotizaron suficientes años. Mi gran tenedora de inmuebles ha sido un chollo para el Estado. Pagó Sucesiones, Plusvalías, IRPF, Patrimonio, IBI… El último incremento en Donaciones y Sucesiones, aprobado por la Generalitat durante la pandemia, hizo que exclamara: “Tendré que regalar el Mal Nom, nena”. Los buitres sobrevuelan a los ancianos propietarios.
Los últimos años de su vida los pasó yendo a los Juzgados. Los bajos empezaron a ser asaltados y la última okupación fue la peor. Los vecinos se quejaban de la suciedad, de los gritos nocturnos, de la venta de drogas. El tercer supuesto ocupante que pasó por el tribunal daba miedo. Mi madre pensó que era el jefe de los traficantes y no volvió a acercarse a los juicios. Cuando finalmente llegó la orden de cerrar el narco-piso, mandó tapiar los bajos. Así siguen.
No entiendo la propuesta de Podemos de considerar gran tenedor a quien tiene cinco inmuebles. ¿Da igual el valor de la propiedad? ¿Da igual su ubicación o renta? Porque no es lo mismo tener cinco pisos en la Castellana o en el Paseo de Gracia, que en el Raval o en Lavapiés. Tampoco tiene lógica ese empeño en consentir la okupación. No deja de aumentar la venta de alarmas. Nadie quiere irse y, a la vuelta, encontrar su piso “okupado por vacaciones”.
Se quieren congelar las rentas cuando los alquileres caen más que nunca. Ni siquiera hay turistas; los denostados B&B están hipotecados y sin comprador. Una nueva Ley de Vivienda que no tenga en cuenta las causas reales de la falta de crecimiento de la economía, solo conseguirá que los pequeños propietarios --la mayoría-- dejen que se deteriore el parque de viviendas. Ya sucedió durante el franquismo, provocando la ruina de los centros históricos.
Los verdaderos grandes tenedores --bancos, fondos o constructoras-- solo tienen alrededor del 5% del parque de alquiler español. Tradicionalmente en España, la compra de vivienda es habitual entre pequeños ahorradores; pocos se atreven a entrar en fondos o en el mercado de valores. Con la adquisición inmobiliaria, la clase media busca complementar su futura baja pensión, ayudar a los hijos y vivir tranquilos.
El borrador de la Ley de Vivienda está sobre la mesa del PSOE. Antes de aprobar las medidas propuestas por un socio ajeno a la realidad, deberían analizar bien los pros y contras de las reformas. El mercado es mejor cuando se autorregula. No lo arruinen legalizando “okupaciones” o imponiendo controles de precios. La mejor regulación es la creación de vivienda social, que todos los gobiernos han abandonado desde hace años. No achaquen a la iniciativa privada los fallos de la política pública.