El padre de Canet señala el camino

Desde este jueves se hace más difícil sostener que en Cataluña no se acosa ni se persigue a nadie por defender el bilingüismo en las escuelas.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a un hombre a dos años de cárcel, 7.500 euros de indemnización y 1.980 euros de multa por tres delitos contra la integridad moral de una niña de cinco años cuyos padres pidieron la aplicación del 25% de español en el colegio público Turó del Drac de Canet de Mar en el que estaba escolarizada.

En realidad, el tipo –un tal J.M.P.– solo es el más salvaje de la jauría de desalmados que, a finales de 2021, se lanzaron contra la familia que reclamó judicialmente una educación bilingüe para su hija. Educación a la que tenía derecho, como reconocen los tribunales desde hace años y, sistemáticamente, niega la Generalitat hasta recibir una sentencia específica caso a caso.

Condenado a dos años de cárcel por acosar a la familia de Canet que pidió un 25% de clases en castellano

El relato de los hechos probados que recoge la sentencia pone los pelos de punta. “Las acciones ejercitadas por el Sr. P. en orden a interesar la presencia del castellano al menos en un 25% de las horas efectivamente lectivas generaron un movimiento de respuesta hostil con multitud de publicaciones en la red social Twitter, en las que diferentes usuarios, de forma simultánea desde distintos puntos del territorio español y especialmente desde Cataluña, difundieron mensajes dirigidos a la población castellanoparlante residente en Cataluña y muy especialmente, por la petición que habían efectuado respecto de la aplicación de la meritada sentencia, a la familia formada por el Sr. P., la Sra. C. y su hija menor, de 5 años de edad al tiempo de los hechos”, señala el tribunal.

Y añade: “En algunas de las publicaciones, actuando guiados por el ánimo de animadversión ideológica a la lengua castellana y a lo que representa España y la lengua de dicha nación, se hacían llamamientos al aislamiento de la menor por parte del resto de sus compañeros de colegio y, por tanto, a su exclusión social por el hecho de ejercitar su derecho a usar la lengua castellana en los términos establecidos por los Tribunales, así como a que se identificara con nombre y apellido a la familia afectada, para que vivieran un infierno mediático, pretendiendo, por una parte, generar en dicha familia sentimientos de angustia y dolor que les hiciera desistir de su pretensión, y, por otra, que sirviera de advertencia para otras familias que, como ella, pudieran tener idénticos planteamientos lingüísticos”.

La Audiencia, a lo largo de los 58 folios del texto, destaca el “contexto de humillación, hostigamiento a la familia y fomento al aislamiento de la menor”, los mensajes para “apuntar a la familia afectada con nombre y apellidos para que fuera señalada”, el “llamamiento a que sufriera un infierno mediático, a hacerle la vida imposible, a que se les persiguiera de noche y día y sirviera de advertencia para otras familias”, las acusaciones de “fascistas”, “colonos”, “terroristas” y “maltratadores”, las amenazas de apedrear su casa, y mensajes como que “harían canelones con la carne del niño de Canet”.

Canet, último episodio de acoso nacionalista en escuelas de Cataluña

El afectado declaró que “a raíz de los hechos, tanto él como su familia comenzaron a sentir miedo: temían salir a la calle, que les pincharan las ruedas del coche o que les arrojaran piedras. De manera progresiva, dejaron de salir salvo para comprar o recoger a su hija del colegio. En la calle, la gente se apartaba o les miraba con hostilidad, y muchos amigos dejaron de hablarles de forma repentina. En el entorno escolar, los compañeros de su hija también dejaron de relacionarse con ella, lo que les obligó a rehacer su círculo de amistades”.

Después de que el portal independentista Llibertat.cat hiciera pública la identidad del padre de la niña, los progenitores se vieron obligados a recibir protección policial por recomendación de los Mossos. De hecho, el padre estuvo tres meses de baja por ansiedad, una situación que acabó afectando a la menor.

Vistas así las cosas, cualquier padre sensato podría pensar que no merece la pena este sufrimiento por conseguir una educación bilingüe para sus hijos. El propio afectado admitió en el juicio que “de haber sabido todo lo que posteriormente ocurriría, no lo habría solicitado [el 25% en castellano]”.

Pero lo hizo.

Y no solo acudió a los tribunales por el 25%, sino que, además, denunció y demandó a los acosadores y –junto a la Fiscalía– se mantuvo en el proceso hasta el final.

Y eso tiene compensación.

Hoy, años después, su hija sigue escolarizada en el mismo centro y recibe un 25% de las clases en español.

El caso de este ciudadano de Canet debería servir precisamente para lo contrario de lo que pretenden los nacionalistas: animar a los padres a acudir hasta donde haga falta para garantizar los derechos lingüísticos de sus hijos.